Dilaciones indebidas como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal

Dilaciones indebidas

Ante un proceso penal, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de resolver las cuestiones que se les encomienden y ejecutar la resolución en un período de tiempo que sea razonable, sin demoras innecesarias.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea tramitada en un plazo razonable, como lo expresa el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Es un concepto indeterminado cuyo logro se encomienda a los Tribunales. En el examen de las actuaciones se evalúa si hay retraso en los trámites de la causa, paralizaciones sin explicación, diligencias inútiles, o bien que no aparezca suficientemente justificado que sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por el retraso por las propias actuaciones del acusado.

La dilación indebida se considera una atenuante en la tramitación del procedimiento, cuando no guarda relación con la complejidad de la causa. La aplicación práctica de esta atenuante se traduce en una reducción en la pena, de uno o dos grados, dependiendo de si hablamos de una atenuante genérica o muy cualificada.

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Requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas

Para que se produzca esta atenuante de dilaciones indebidas, en la responsabilidad penal, deben producirse estas circunstancias:

  1. Que la dilación sea injustificada.
  2. Sea extraordinaria.
  3. Que el inculpado no esté relacionado.
  4. Que no se relacione con la complejidad de la causa.

Elementos concurrentes en la atenuante

Son numerosas las sentencias que hacen referencia a la atenuante, como, por ejemplo:

  • Las circunstancias y naturaleza del litigio, teniendo en cuenta su complejidad y las circunstancias concretas.
  • La duración de los litigios del mismo tipo y la similitud de los márgenes.
  • La conducta correcta del demandante, al que no se le pueda imputar el retraso.
  • El riesgo que corre el demandante en el proceso por las demoras a los litigantes.
  • Las acciones del órgano judicial en el proceso considerando los medios disponibles.

El análisis de los plazos en la consideración de las dilaciones

Las dilaciones indebidas son una serie de retrasos en el trámite del proceso, que se evalúan analizando pormenorizadamente la causa y los lapsos de tiempo muerto en la secuencia del proceso.

Por el contrario, un plazo razonable es un concepto más amplio que implica el derecho de todo lo que se realice en un tiempo prudencial, atendiendo a la complejidad y a los avatares procesales.

Tanto las dilaciones indebidas como los plazos razonables lesionan el derecho del acusado a que su causa sea tratada y resuelta a tiempo, ya que las circunstancias personales, familiares y comunitarias del acusado van modificándose con ese tiempo y para cuando llega la sentencia, la pena no puede cubrir las necesidades de ejemplaridad y de rehabilitación de la persona.

Algunas circunstancias justificativas de la demora

En este tipo de situaciones que estamos analizando, no siempre se produce un perfecto cumplimiento de plazos en la investigación. Y ello puede ocurrir por diferentes causas, en la práctica hay circunstancias que hacen que las investigaciones sean complejas y se demoren:

  • Cuando se investiga a un grupo u organización criminal.
  • Cuando haya numerosos hechos punibles.
  • Si se involucra a una gran cantidad de víctimas o investigados.
  • Al haber abundante documentación y complicados análisis que realizar.
  • Si deben realizarse actuaciones en el exterior.
  • Cuando se necesita la gestión de personas especializadas.
  • Al tratarse de un delito de terrorismo.

Para determinar los plazos se distinguen los asuntos sencillos de los asuntos complejos. Al determinarse los plazos ordinarios de seis y dieciocho meses, para los asuntos sencillos o complejos, se toma como referencia los plazos de duración de la instrucción, según estudios estadísticos judiciales y fiscales.

Marcos normativos, Constitución Española y Convenio Europeo de Derechos Humanos

Como hemos dicho al principio, tanto la Constitución Española de 1978 como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recogen como un derecho fundamental el proceso judicial en el que no haya dilaciones indebidas, y el derecho a ser enjuiciados en un tiempo que se considere razonable.

Este concepto de dilaciones indebidas ya lo vemos como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal que se recoge en el artículo 21.6 del Código Penal español, con la consecuencia de una reducción de la pena que finalmente se impondrá.

Son circunstancias atenuantes:

(...)

6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

(...)

Artículo 21.6.ª del Código Penal

Desde un punto de vista legal, las dilaciones que haya en un procedimiento no justifican ni legitiman el retraso a que se gestionen y diriman las cuestiones que hayan planteado las partes del proceso. Y todavía con menor motivo pueden limitar el derecho a una tutela judicial efectiva del usuario.

La clave está en que no se puede restringir dicho derecho a tutela judicial, por una causa que no sea atribuible al ciudadano o justiciable.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo español se ha manifestado en diferentes Sentencias, sobre este tema de las dilaciones indebidas como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.

En una Sentencia de abril del año 2014, el alto Tribunal se expresa en estos términos:

“...el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un tiempo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena y el mal causado. Por lo tanto, esa pérdida de derechos debe determinar la reducción proporcional de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente de la pena respecto a la que corresponde por el grado de culpabilidad”.

¿Cuál sería el plazo que el Tribunal Supremo consideraría para que se entiendan dilaciones indebidas? Realmente influyen varios factores en la definición de dicho plazo, como es el caso de la complejidad de la situación, medios de la Administración de Justicia disponibles para el caso en cuestión, que la dilación sea ordinaria o extraordinaria, atribuible o no al imputado, etc.

En todos los casos, como el Tribunal Supremo dejó claro en Sentencia de 2008, la persona que quiera acreditar estas dilaciones indebidas, tiene que concretar y analizar las posibles interrupciones, demoras y paralizaciones del procedimiento, evaluando sus causas.

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