Las penas de inhabilitación son sanciones privativas de derechos políticos, profesionales o civiles, que tienen como finalidad evitar la reiteración de un delito cometido en ocasión del cargo, profesión u oficio. Se encuentran tipificadas en el Código Penal y otras leyes.
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La usurpación de estado civil o suplantación de identidad como delito
El delito de usurpación de estado civil o suplantación de identidad consiste en la apropiación de todas las cualidades de una persona real, simulando ser ésta en distintos actos jurídicos. Se encuentra tipificado en el Código Penal.
¿Qué es la tentativa en el derecho penal y qué tipos existen?
La tentativa es una calificación o grado del delito cuando éste se llevó a cabo en todos sus actos, sin embargo, el resultado pretendido no se produce por causas ajenas a la voluntad del delincuente. Constituye una forma imperfecta de ejecución de un delito y está tipificada en el Código Penal.
Se deben cumplir ciertos requisitos. Se castiga con una pena uno o dos grados inferior a la que correspondería al delito consumado. Hay tres tipos de tentativa, y en la práctica no debe confundirse con el delito intentado.
El delito de insolvencia punible
La insolvencia se produce cuando una persona física o jurídica hace todo lo posible para no poder pagar el dinero adeudado. Es decir, en una situación de insolvencia se produce un desequilibrio patrimonial en el que la cantidad de las obligaciones y créditos exigibles al deudor superan a sus bienes, derechos y patrimonio, por lo que el acreedor no puede cobrar los créditos.
Se produce un delito de insolvencia punible cuando el deudor realiza actos fraudulentos que perjudican los intereses de los acreedores.
Las medidas cautelares en derecho penal
Las medidas cautelares son resoluciones judiciales que tienen como objetivo asegurar el resultado futuro de un proceso. Pueden aplicarse a personas físicas o jurídicas que, durante el procedimiento, puedan resultar penalmente responsables.
Análisis de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal
La legítima defensa es una conducta antijurídica que, excepcionalmente, puede impedir que dicha conducta revista las características de delito.
Ocurre ante la necesidad de defenderse como reacción a una agresión ilegítima. De esta forma, se convierte en una eximente, es decir que libera al autor de la responsabilidad penal, civil o administrativa.
Sin embargo, debe cumplir ciertos requisitos. Se encuentra tipificada en el Código Penal y puede ser propia o de un tercero. A su vez, puede ser completa o incompleta, dando lugar en este caso a una reducción de la pena aplicable.
El delito de incitación al odio
Con la modificación del Código Penal del 2015 hemos visto como los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas se han visto más estructurados y acotados gracias a la nueva redacción del precepto penal.
Actualmente, el delito de incitación al odio se encuentra regulado en el artículo 510 y 510 bis del Código Penal.
El recurso de reforma penal
En este artículo realizaremos un breve resumen sobre el recurso de reforma penal, una herramienta procesal que puede resultar de lo más útil.
A continuación, resolvemos las principales cuestiones sobre la figura del recurso de reforma y al final del artículo podréis encontrar un formulario de recurso de reforma.
Los delitos de denuncia falsa y simulación de delito: concepto y diferencias
Los delitos de denuncia falsa y simulación de delito encuentran sus diferencias en el Código Penal. Ambos están tipificados como hechos delictivos contra la Administración de Justicia y, como tales, conllevan sus sanciones.
Quien denuncie a otra persona incurriendo en la falsedad o simulare la culpabilidad propia o de terceros en la comisión de un delito inexistente, deberá responder con prisión y multa.
Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el Código Penal
Los delitos contra los derechos de los trabajadores están regulados en el artículo 311 y sucesivos del Título XV del Código Penal. Son consideradas como tales aquellas acciones cometidas por personas jurídicas que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos establecidos legalmente.
Entre los más frecuentes se mencionan la infracción a normas de seguridad, imposición de condiciones ilegales de trabajo o no dar de alta en la Seguridad Social.
