Nuestro ordenamiento jurídico vela por que se mantenga el modelo de Estado y de sociedad que garantiza la Constitución. Por ese motivo, el sistema penal español ve con recelo determinadas asociaciones que, a veces con apariencia de legalidad, parecen formarse con fines ilícitos.
Para combatir este fenómeno, el Código Penal castiga el delito de asociación ilícita, como forma de prevenir que, valiéndose de esta, se cometan otros delitos.
El Código Penal prevé que, como consecuencia de un delito, se puedan imponer penas privativas de libertad, penas de multa y penas privativas de derechos. Entre estas últimas se encuentra la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, que se contempla para los delitos de tráfico u otros delitos relacionados.
En este artículo vamos a analizar en qué consiste, cuál es su duración y qué efectos se derivan de su imposición.
Las eximentes son circunstancias que concurren en el autor de un delito o en la propia acción delictiva excluyendo la responsabilidad criminal del sujeto, y pueden ser completas o incompletas, en función de si se dan o no todos los elementos necesarios para eximir de reproche penal al autor de los hechos.
Por tanto, la consideración de una eximente como completa o incompleta exige el análisis de los elementos que concurren en ella en cada caso concreto, y las consecuencias de apreciar una u otra son diferentes.
Todo proceso penal comienza con una fase de instrucción o investigación tras la cual el órgano judicial debe tomar la decisión de continuar hasta el juicio oral o de paralizar el procedimiento, si no existe base suficiente para sostener la causa.
Cuando las pruebas obtenidas y los indicios no permiten descartar por completo la causa penal pero tampoco bastan para pasar a la fase siguiente, el juez puede suspender el procedimiento dictando un auto de sobreseimiento provisional.
Una vez finalizada la fase de instrucción en un procedimiento penal, el órgano judicial puede considerar que no existen los presupuestos necesarios para continuar a la fase de juicio oral y dictar el sobreseimiento de la causa, poniendo fin al procedimiento con respecto al investigado.
El sobreseimiento libre supone de algún modo anticipar la sentencia absolutoria, terminando así el proceso. En este artículo vamos a ver en qué consiste, en qué casos procede y cuáles son sus efectos.
El Código Penal contempla una serie de delitos societarios que se cometen en los órganos de una sociedad y causan un perjuicio a la propia sociedad, a sus socios, a terceros o a los intereses económicos generales.
En particular, el delito de imposición de acuerdos abusivos tiene por finalidad proteger la situación minoritaria de los socios en cualquier sociedad ante el poder de los socios mayoritarios, cuando estos no actúan en beneficio de todos.
En materia probatoria en el proceso penal, rige el principio general de que solo las pruebas practicadas en el acto del juicio oral podrán fundamentar el fallo de la sentencia. Sin embargo, en ocasiones no es posible practicar la prueba en el momento procesal idóneo, bien porque se debe llevar a cabo forzosamente en la fase de instrucción por ser única e irrepetible, bien porque se prevé que habrá dificultades para practicarla durante el juicio oral.
Las pruebas preconstituidas y las pruebas anticipadas responden a estas necesidades.
El Código Penal prevé una serie de medidas de seguridad, orientadas a prevenir la comisión futura de delitos por personas que presentan una especial peligrosidad criminal. Una de ellas es la libertad vigilada, la cual puede concretarse a su vez en medidas de diversa índole.
La libertad vigilada es también una de las posibles medidas que se pueden imponer en el proceso penal de menores conforme a la Ley del menor, pero en este artículo vamos a centrarnos en su estudio como medida de seguridad del Código Penal.
La utilización ilícita de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento similar es un fraude castigado como delito en el Código Penal.
A continuación analizamos en qué consiste el delito de defraudación del fluido eléctrico y con qué penas se castiga.
Las medidas de seguridad en derecho penal tienen carácter preventivo y se aplican a sujetos que, dentro de una causa, suponen cierto peligro. Se imponen con el fin de evitar la comisión de futuros delitos por parte del actor ya juzgado.
Existen medidas privativas de la libertad y otras que no lo son y cuya ejecución tendrá un procedimiento diferente. En el caso de los extranjeros, es posible acordar la expulsión como sustitución de medidas de seguridad.
