Cuando una persona que debe ser enjuiciada o cumplir una pena en un país se encuentra en otro distinto, las autoridades y tribunales del primero pueden solicitar su entrega para que pueda ser procesada en el país donde cometió los hechos.
El procedimiento para solicitar la entrega y para tramitar las solicitudes que en ese sentido se reciban por parte de otros países es lo que se conoce como extradición, y sus condiciones son diferentes según cuáles sean los países implicados.
La protección penal del medio ambiente abarca no solo la sanción de los daños a los recursos naturales, sino también conductas que generan un peligro suficientemente relevante para los recursos naturales, así como ciertas actuaciones contrarias a las obligaciones administrativas establecidas para su protección.
Por ello, ante unos hechos que puedan tener relevancia penal en materia medioambiental, es necesario analizar las circunstancias concretas del caso para determinar qué delito podría haberse cometido y cuáles serían sus consecuencias.
A continuación explicamos cuáles son los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y qué consecuencias pueden tener.
Imaginemos la siguiente situación: dos socios cierran el negocio que tenían en común y uno de ellos quiere quedarse con el local en el que ejercían la actividad. Para conseguirlo a un precio inferior a su valor real, amenaza al otro socio y le obliga a venderle su parte del inmueble por una cantidad muy inferior a la que le correspondería atendiendo al precio de mercado.
La existencia de amenaza podría llevar a pensar que ese es, ni más ni menos, el delito cometido en este caso. Sin embargo, este supuesto encaja en realidad en otro tipo penal: la extorsión. Vamos a ver por qué.
Determinados documentos relacionados con el ejercicio de funciones públicas se encuentran sometidos a unas especiales obligaciones de custodia y protección. Por ello, el Código Penal castiga diversas conductas que pueden afectar a su conservación o permitir que se acceda a ellos de forma indebida.
Bajo la denominación de delitos de infidelidad en la custodia de documentos se incluyen distintos comportamientos, como sustraer o destruir documentación que debe conservarse, inutilizar los medios establecidos para impedir su acceso o consultar documentos secretos sin la autorización correspondiente.
Los bienes que forman parte del patrimonio histórico reciben una protección penal específica debido a su especial relevancia para la sociedad. Su importancia no depende únicamente de su valor económico, sino también de su interés histórico, artístico, cultural, científico, monumental o arqueológico.
Por este motivo, el Código Penal castiga distintas conductas que pueden destruir, deteriorar o poner en peligro determinados bienes especialmente protegidos.
El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que contempla algunas de las consecuencias más graves para una persona, entre ellas las penas de prisión. Precisamente por ello, no está llamado a intervenir ante cualquier conflicto o comportamiento contrario a derecho.
El principio de intervención mínima en derecho penal responde a esta idea: la vía penal debe reservarse para los ataques suficientemente graves contra los bienes jurídicos que merecen una especial protección. Cuando existen otros mecanismos jurídicos capaces de ofrecer una respuesta adecuada, la intervención penal debe quedar en un segundo plano.
Este principio resulta especialmente importante tanto a la hora de decidir qué conductas deben considerarse delito como al interpretar las normas penales. No obstante, su alcance es diferente para el legislador y para los jueces y tribunales.
El Código Penal contempla penas de diversa naturaleza. Entre ellas, se encuentran las llamadas penas privativas de derechos. Una de ellas, especialmente singular, es la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en la que la persona condenada tiene que prestar servicios para la sociedad que pueden ser de muy distinta índole (jardinería, limpieza, acompañamiento, etc.).
En este artículo analizamos su regulación y los principales aspectos que conviene conocer sobre esta pena.
Nuestro ordenamiento jurídico vela por que se mantenga el modelo de Estado y de sociedad que garantiza la Constitución. Por ese motivo, el sistema penal español ve con recelo determinadas asociaciones que, a veces con apariencia de legalidad, parecen formarse con fines ilícitos.
Para combatir este fenómeno, el Código Penal castiga el delito de asociación ilícita, como forma de prevenir que, valiéndose de esta, se cometan otros delitos.
El Código Penal prevé que, como consecuencia de un delito, se puedan imponer penas privativas de libertad, penas de multa y penas privativas de derechos. Entre estas últimas se encuentra la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, que se contempla para los delitos de tráfico u otros delitos relacionados.
En este artículo vamos a analizar en qué consiste, cuál es su duración y qué efectos se derivan de su imposición.
Las eximentes son circunstancias que concurren en el autor de un delito o en la propia acción delictiva excluyendo la responsabilidad criminal del sujeto, y pueden ser completas o incompletas, en función de si se dan o no todos los elementos necesarios para eximir de reproche penal al autor de los hechos.
Por tanto, la consideración de una eximente como completa o incompleta exige el análisis de los elementos que concurren en ella en cada caso concreto, y las consecuencias de apreciar una u otra son diferentes.
