El registro de dispositivos electrónicos en la investigación penal

El registro de dispositivos electrónicos en la investigación penal

El registro de dispositivos electrónicos en un procedimiento penal es una diligencia de investigación tecnológica que puede adoptarse en el curso de una investigación penal.

Esta medida supone una extremada intromisión en el derecho a la intimidad personal, protegido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, es por ello que su adopción está minuciosamente regulada en la ley.

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Índice

    1. ¿Dónde se regula esta diligencia?
    2. ¿En qué consiste?
    3. ¿Cuándo se puede acordar el registro de un dispositivo electrónico o de almacenamiento?
    4. ¿Quién adopta la medida?
    5. ¿Es secreta esta medida?
    6. Especialidades cuando el dispositivo es incautado en un registro domiciliario
    7. ¿Cuánto tiempo pueden retener los dispositivos requisados?
    8. ¿Pueden descubrir otro delito del inicialmente investigado?
    9. Valor probatorio de la diligencia

¿Dónde se regula esta diligencia?

Esta medida de investigación tecnológica realmente se denomina “registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información” y aparece regulada en los artículos 588 bis y 588 sexies a) a 588 sexies c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿En qué consiste?

El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información consiste en el acceso al contenido e información de un equipo electrónico.

Algunos ejemplos serían la extracción de los datos almacenados en un USB o disco duro, la obtención de la información de un ordenador, de un móvil, de una tablet o incluso de un reloj inteligente o de un vehículo.

¿Cuándo se puede acordar el registro de un dispositivo electrónico o de almacenamiento?

Esta medida tan restrictiva del derecho fundamental a la intimidad personal no puede adoptarse para investigar un delito en cualquier circunstancia.

Únicamente podrá acordarse cuando la medida esté sujeta a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Sobre la concurrencia de estos requisitos deberá pronunciarse el auto judicial que la autorice.

La finalidad de esta diligencia es obtener medios de prueba para la averiguación del delito o acceder a otras fuentes de investigación.

No obstante, para que pueda adoptarse, necesariamente tienen que existir previamente indicios de un delito concreto y de la intervención en él de la persona investigada, estando prohibidas las llamadas investigaciones prospectivas (desarrolladas sin base objetiva pero con el propósito de “prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas”).

¿Quién adopta la medida?

La decisión de registrar un dispositivo incautado a un investigado, obligatoriamente, tiene que ser adoptada por auto motivado del juez/a instructor/a.

¿Es secreta esta medida?

Todas las medidas de investigación tecnológica se sustancian en una pieza separada y secreta, hasta su cese, ello sin necesidad de que se declare el secreto de sumario.

Ahora bien, como para la práctica de esta diligencia es necesario tener físicamente el dispositivo objeto de registro, es lo más frecuente que la persona titular del mismo sepa que, una vez requisado, van a acceder a él.

Especialidades cuando el dispositivo es incautado en un registro domiciliario

Cuando en un registro domiciliario se incautan ordenadores, dispositivos de almacenamiento de información, teléfonos… la mera aprehensión por los agentes no autoriza el acceso a su contenido. No obstante, con posterioridad la autoridad instructora puede autorizar su registro.

De hecho, lo habitual es que cuando se prevea que en un registro domiciliario se van a requisar este tipo de dispositivos, el mismo auto que acuerda la entrada y registro extienda su fundamentación y autorice también el acceso a los mismos.

1. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos.

2. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.

Artículo 588 sexies a. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

¿Cuánto tiempo pueden retener los dispositivos requisados?

La Ley no prevé un límite máximo para esta concreta diligencia, por lo tanto, su duración se extenderá el tiempo que el auto judicial especifique que nunca podrá exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos.

La autoridad judicial podrá acordar que se efectúe una copia o volcado de la información y después se entreguen los dispositivos a su titular, cando sea posible.

¿Pueden descubrir otro delito del inicialmente investigado?

El llamado “hallazgo o descubrimiento casual” es, de hecho, habitual.

Cuando con la práctica de esta diligencia se obtienen evidencias de la comisión de un delito distinto del inicialmente investigado, las mismas pueden ser utilizadas como diligencias de investigación o pruebas en otra investigación penal.

Para ello, tendrá que deducirse testimonio de todos los particulares relativo a la diligencia de registro de dispositivos electrónicos, de modo que pueda acreditarse su legitimidad y licitud.

A continuación, si en el curso de este nuevo proceso quiere revisarse el dispositivo original, habrá de dictarse una nueva resolución judicial autorizante.

Valor probatorio de la diligencia

Para que esta diligencia opere como prueba de cargo será necesario llevarla al acto de juicio oral con pleno sometimiento a los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción.

Lo habitual es que la información se incorpore como prueba documental.

Dada la complejidad de los procesos en que se acuerdan registros de dispositivos de almacenamiento masivo de información, aconsejamos el asesoramiento por abogados especializados en derecho penal y procesal penal.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Abogada especialista en derecho penal y criminóloga. Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2020) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense (2021/2022).

Desde agosto de 2022 forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 137.078).

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