Con el delito de prevaricación se castiga a quienes, en el ejercicio de sus funciones, dictan resoluciones injustas o arbitrarias a sabiendas de su injusticia, vulnerando de forma evidente el ordenamiento jurídico y quebrantando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
La prevaricación es una de las figuras delictivas donde más claramente se manifiesta la exigencia de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública y judicial.
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Contacte con nosotros¿Cuándo se comete el delito de prevaricación?
El delito de prevaricación se comete cuando una autoridad, funcionario público, juez o magistrado dicta una resolución injusta, con conocimiento de que lo es.
Este delito presenta dos modalidades principales: la prevaricación administrativa y la prevaricación judicial, diferenciadas por la condición del sujeto activo y el ámbito en el que se produce la resolución.
En ambos casos, la prevaricación es un delito especial propio, ya que solo puede ser cometido por quien ostente la condición de autoridad, funcionario público o juez, según corresponda. Además, la doctrina mayoritaria lo considera un delito de mera actividad, porque la infracción se consuma con el simple acto de dictar la resolución injusta, sin que sea necesario un resultado material posterior.
El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de la Administración de Justicia, en su vertiente de legalidad, objetividad e imparcialidad.
La prevaricación administrativa está regulada en el artículo 404 del Código Penal, dentro del título XIX, dedicado a los delitos contra la Administración Pública. Por su parte, la prevaricación judicial se recoge en los artículos 446 a 449, en el título XX, relativo a los delitos contra la Administración de Justicia.
¿En qué consiste el delito de prevaricación administrativa?
De acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, el delito de prevaricación administrativa se comete cuando una autoridad o funcionario público, a sabiendas, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.
¿Cuáles son los requisitos de la prevaricación administrativa?
Para apreciar este delito, deben concurrir los siguientes elementos:
- Una resolución dictada en un asunto administrativo, esto es, una decisión adoptada en el ámbito de la función pública.
- Carácter arbitrario de la resolución, entendiendo por tal aquella que se aparta de forma evidente del derecho y responde únicamente a la voluntad subjetiva del autor, y cuya justificación o fundamentación jurídica resulta difícilmente explicable.
- La arbitrariedad debe ser manifiesta y objetiva, de modo que la resolución represente una contradicción clamorosa o flagrante con la legislación vigente.
- La jurisprudencia exige que el apartamiento del derecho sea palmario y no fruto de una interpretación discutible.
- Condición de autoridad o funcionario público en quien la dicta. A efectos penales, se entiende por autoridad o funcionario público los que establece el artículo 24 del Código Penal. En general, personas dotadas de mando o que ejerzan jurisdicción propia en el seno de la Administración, o participen en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente.
- Conocimiento de la injusticia de la resolución y voluntad de dictarla. El propio tipo penal exige que la resolución se dicte a sabiendas de su arbitrariedad, lo cual supone la necesidad de que concurra dolo directo.
¿Se puede cometer prevaricación administrativa por omisión?
Aunque la forma típica es la acción de dictar una resolución injusta, la prevaricación administrativa también puede cometerse por omisión. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en su sentencia número 771/2015, de 2 de diciembre.
Se entiende que hay comisión por omisión cuando la autoridad o funcionario tiene el deber de resolver y no lo hace, produciendo un efecto equivalente al de una resolución denegatoria o contraria a derecho. Ello ocurre, por ejemplo, cuando:
- Existe una solicitud ciudadana y el silencio administrativo equivale a una denegación.
- El funcionario actúa de oficio y omite pronunciarse cuando su deber exige dictar resolución.
En tales casos, la omisión puede constituir delito siempre que sea intencionada y con conocimiento de su injusticia.
¿En qué consiste el delito de prevaricación judicial?
La prevaricación judicial está tipificada en el artículo 446 del Código Penal, y se comete cuando un juez o magistrado dicta a sabiendas una sentencia o resolución injusta.
La gravedad de la pena depende de la naturaleza del proceso y de la resolución dictada:
- Si la sentencia injusta se dicta en causa criminal por delito grave o menos grave, se impone pena de prisión de 1 a 4 años, además de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años.
- Si la sentencia se ejecuta, se agrava la pena dentro de la mitad superior (pena de prisión de 2 años, 6 meses y 1 día a 4 años) e incluye multa de 12 a 24 meses.
- En procesos por delito leve, la sanción consiste en multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de 6 a 10 años.
- Si la resolución injusta es de otra naturaleza, se impone igualmente multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años.
¿Cuáles son los requisitos de la prevaricación judicial?
Para que se configure el delito, deben concurrir los siguientes elementos:
- Existencia de una resolución judicial (providencia, auto o sentencia), dictada en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en el seno de un procedimiento judicial.
- Carácter injusto de la resolución, entendiendo por tal la infracción manifiesta, objetiva y grave del ordenamiento jurídico, sin interpretación razonable posible. La jurisprudencia exige que el apartamiento del ordenamiento jurídico sea grave, palmario o grosero.
- Sujeto activo juez o magistrado, en el sentido establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Conocimiento y voluntad de dictar una resolución injusta, lo que exige dolo directo, de primer o segundo grado. El Tribunal Supremo excluye la posibilidad de dolo eventual.
El delito se consuma con la firma o adhesión a la resolución injusta, incluso si el autor no la redactó personalmente. En los órganos colegiados, basta con votar a favor de la resolución ilícita para ser partícipe.
¿Se puede cometer prevaricación judicial por omisión?
Depende. La prevaricación judicial contemplada en el artículo 446 del Código Penal solo puede cometerse por acción, ya que el verbo central del tipo es dictar, lo que requiere un acto positivo de voluntad y un pronunciamiento expreso.
No obstante, el Código Penal prevé otros supuestos en los que se sancionan conductas que de algún modo se pueden entender asimilables a la comisión por omisión, como es la negativa a juzgar, tipificada en el artículo 448.
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Contacte con nosotros¿Se comete prevaricación si un juez se niega a juzgar?
El artículo 448 del Código Penal establece que incurre en delito de prevaricación el juez o magistrado que se niegue a juzgar sin causa legal o lo haga bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.
Este comportamiento se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 4 años.
Se trata de un supuesto de prevaricación por omisión, pues el juez elude el ejercicio de su deber jurisdiccional de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
¿Existe el delito imprudente de prevaricación?
Sí, pero únicamente en el ámbito judicial. El artículo 447 del Código Penal castiga al juez o magistrado que dicta una sentencia o resolución manifiestamente injusta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, con pena de inhabilitación especial de 2 a 6 años.
En este caso, la injusticia debe ser aún más clara y evidente que en el delito doloso. Además, solo se sanciona la imprudencia grave, no cualquier descuido o error, y la ignorancia debe ser inexcusable, es decir, incompatible con el deber de conocimiento propio de la función judicial.
Por el contrario, la prevaricación administrativa imprudente no constituye delito, aunque la conducta pueda dar lugar a responsabilidad disciplinaria o administrativa. En esta materia, todo lo que no implique dolo directo se considera imprudente, pero carece de relevancia penal.
¿En qué consiste la prevaricación por retardo malicioso?
El retardo malicioso es otra forma de prevaricación judicial prevista en el artículo 449 del Código Penal. Se castiga con pena de inhabilitación especial de 6 meses a 4 años al juez, magistrado o letrado de la Administración de Justicia que demore deliberadamente un procedimiento con una finalidad ilegítima.
Se considera malicioso el retardo cuando la dilación no obedece a razones objetivas de carga de trabajo o complejidad del asunto, sino a un propósito ilícito, como perjudicar a una de las partes o favorecer a otra.
El tipo penal también contempla la posibilidad de que la conducta sea cometida por otros funcionarios, en cuyo caso la sanción se impone en su mitad inferior.


