El delito de cohecho consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos, favores o retribuciones a un funcionario público para que cometa una infracción administrativa en el ejercicio de su cargo. Es indiferente que el provecho sea propio o de un tercero.
En este post analizamos qué significa el delito de cohecho, con qué penas se castiga y cuáles son los tipos de cohecho que existen.
La tentativa es una calificación o grado del delito cuando este se llevó a cabo en todos sus actos, sin embargo, el resultado pretendido no se produce por causas ajenas a la voluntad del delincuente. Constituye una forma imperfecta de ejecución de un delito y está tipificada en el Código Penal.
En este post analizamos toda la información sobre la tentativa de delito y su regulación en el Código Penal español.
Cuando se inicia un procedimiento penal por un delito de violencia de género o malos tratos, a veces la persona denunciante quiere retirar la denuncia por el motivo que sea.
Pero ¿es eso posible? ¿Qué pasa después de una denuncia por violencia de género? ¿Se puede quitar la denuncia? Lo explicamos todo a continuación
Una orden de alejamiento consiste en prohibir a un agresor acercarse a su víctima o a algunos de sus familiares. En este post analizamos qué es una orden de alejamiento, cuándo se puede imponer y cómo se regula en el Código Penal.
Entre las formas de participación en la comisión de un delito, se encuentran la cooperación necesaria y la complicidad, ambas basadas en la intervención relevante de terceras personas, aunque con distinto alcance.
De la calificación como una u otra depende también la pena a aplicar, por lo que resulta fundamental delimitar claramente los límites de cada una.
El Código Penal contempla distintas formas de participación en la comisión de un delito, siendo una de ellas la coautoría o autoría conjunta, que supone la comisión conjunta de un hecho delictivo, de modo que todos los partícipes se consideren autores en igual medida.
No obstante, para apreciar la coautoría, es necesario valorar la efectiva contribución de cada interviniente en el delito y el cumplimiento de las condiciones que vamos a analizar a continuación.
El Código Penal reconoce como autores del delito a distintos sujetos que pueden haber tenido una participación esencial en la comisión del acto delictivo, distinguiendo entre ellos según su respectivo control sobre la ejecución del hecho.
Entre ellos, el autor inmediato es quien representa la forma más básica y pura de ejecución del delito, como vamos a ver.
En un Estado de Derecho, la efectividad de los derechos no puede depender de la fuerza de quien los invoca, sino de los procedimientos legalmente establecidos. Por ello, aunque una persona considere que le asiste la razón (por ejemplo, como propietaria de un inmueble o titular de un crédito), no puede imponer por su cuenta ese derecho recurriendo a medios ilegales como la violencia, por ejemplo.
Desde esta premisa se configura el delito de realización arbitraria del propio derecho, una figura que sanciona los supuestos en los que el titular de un derecho decide hacerlo valer al margen de las vías legales.
En el ámbito penal, no todos los procedimientos parten de la misma realidad personal del investigado o acusado. En ocasiones, el proceso se ve condicionado por la posible existencia de un trastorno psíquico relevante, lo que obliga a analizar con especial cuidado tanto la capacidad de la persona para responder penalmente como la forma de tramitar determinadas actuaciones.
En este contexto, la enajenación mental puede influir en la responsabilidad criminal, en la pena aplicable y, además, en el cauce procesal que debe seguirse cuando aparecen indicios de una alteración psíquica significativa.
Por ello, comprender cómo se valora y cómo se aborda en el procedimiento penal resulta clave para interpretar correctamente muchas decisiones judiciales en esta materia.
En un procedimiento penal, cada palabra cuenta. Una declaración precipitada, sin conocer bien la imputación o sin asesoramiento, puede condicionar el resto del caso. Precisamente por eso, el ordenamiento reconoce una garantía esencial: nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
El derecho a la no autoincriminación no es un privilegio para eludir las consecuencias del proceso, sino una regla de equilibrio que obliga a que la culpabilidad se determine a partir de pruebas, no de la presión para obtener una confesión o una explicación del acusado.
