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Los delitos de denuncia falsa y simulación de delito: concepto y diferencias

Los delitos de denuncia falsa y simulación de delito encuentran sus diferencias en el Código Penal. Ambos están tipificados como hechos delictivos contra la Administración de Justicia y, como tales, conllevan sus sanciones.

Quien denuncie a otra persona incurriendo en la falsedad o simulare la culpabilidad propia o de terceros en la comisión de un delito inexistente, deberá responder con prisión y multa.

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Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el Código Penal

Los delitos contra los derechos de los trabajadores están regulados en el artículo 311 y sucesivos del Título XV del Código Penal. Son consideradas como tales aquellas acciones cometidas por personas jurídicas que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos establecidos legalmente.

Entre los más frecuentes se mencionan la infracción a normas de seguridad, imposición de condiciones ilegales de trabajo o no dar de alta en la Seguridad Social.

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Las diligencias complementarias en la fase de instrucción

No son pocos los casos en los que a los abogados nos vemos con "el agua al cuello" cuando nos notifican el auto de finalización de la fase de instrucción y, o bien hemos olvidado solicitar alguna diligencia, o bien han surgido nuevas pruebas que pueden decantar la balanza, nunca mejor dicho, a nuestro favor.

Tranquilidad, aún hay un pequeño recoveco en el procedimiento mediante el cual podemos salvar este escollo: se trata de las diligencias complementarias.

En este artículo explicamos de manera rápida en qué consisten y cómo solicitarlas.

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El delito de lesiones en el Código Penal

El delito de lesiones consiste en provocar por cualquier medio o procedimiento un daño que reduce la integridad corporal, la salud física e incluso la salud mental de la víctima. Sin embargo, existen diferentes modalidades del delito en función de la lesión cometida.

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La acusación popular en el procedimiento penal

La acusación popular consiste en la facultad para personarse en un proceso penal sin ser el perjudicado directo del hecho delictivo. Esta figura se encuentra legitimada en la Constitución Española, artículo 125, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 101.

De esta manera se prevé que el ciudadano se incorpore como acusador en un proceso penal en defensa de la legalidad y de la sociedad. Es de gran utilidad en los delitos que afectan a intereses difusos o colectivos.

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La acusación particular en el procedimiento penal

La acusación particular es la posición procesal por la cual una víctima o damnificado acusa penalmente a quien haya cometido el hecho delictivo. Este acto es independiente de la acusación del Ministerio Fiscal y se vincula a hechos públicos o semipúblicos. La persona ofendida por el delito, acompañada de su abogado, presenta la acusación con el fin de perseguir el hecho y obtener las sanciones que correspondan.

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