La obligación de declarar en el procedimiento penal

Obligación declarar procedimiento penal

Una de las pruebas habituales con las que puede contar un juicio penal es la declaración de los testigos y del propio acusado, pero ¿es obligatorio declarar cuando se es requerido por ello? ¿Existe la posibilidad de negarse en algún caso? Lo explicamos todo, a continuación.

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¿Quién tiene la obligación de declarar en un procedimiento penal en calidad de testigo?

En el contexto del proceso penal, toda persona que tenga su residencia en España, ya sea nacional o extranjera, y que no se encuentre impedida, tiene la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en todo aquello que sepa sobre lo que se le pregunte, cuando sea citada para ello con las formalidades legalmente previstas. Así lo establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LeCrim).

¿Quién no tiene la obligación de declarar en calidad de testigo?

Conforme al artículo 411 de la LeCrim, están exentos de la obligación de declarar el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino. 

Igualmente, están exentos de declarar los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, en caso de concurrir en ellos los requisitos que exijan los tratados.

¿Qué es la dispensa del artículo 416 de la LeCrim y en qué consiste?

El artículo 416 dispensa de la obligación de declarar a:

  • Los parientes del investigado o acusado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. Esto no resulta de aplicación en los siguientes supuestos:
    • Si el testigo tiene atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.
    • Si se trata de un delito grave, el testigo es mayor de edad y la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
    • Si por razón de su edad o discapacidad, el testigo no puede comprender el sentido de la dispensa.
    • Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular.
    • Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.
  • El abogado del investigado o acusado, en relación con los hechos que este le hubiera confiado en su calidad de defensor.
  • Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el investigado o acusado y las personas a las que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a los que se refiriera su traducción o interpretación.

En caso de que algún testigo estuviera en alguno de los dos primeros supuestos anteriores con uno o varios de los investigados o acusado, tendrá la obligación de declarar respecto a los demás, salvo si su declaración puede comprometer a su pariente o defendido.

¿Qué dispensa recoge el artículo 417 de la LeCrim?

Establece que no se puede obligar a declarar como testigos a:

  • Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, acerca de los hechos que les sean revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
  • Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase, cuando no puedan declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estén obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no sean autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida.
  • Los incapacitados física o moralmente.

¿Qué personas están obligadas a declarar, pero no a concurrir al llamamiento del juez?

Según lo establecido en el artículo 412 de la LeCrim, están exentas de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito:

  • Las personas de la Familia Real no comprendidas entre aquellas exentas de declarar.
  • Las siguientes personas, sobre los hechos que conozcan por razón de su cargo:
    • El presidente y los demás miembros del Gobierno.
    • Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
    • El presidente del Tribunal Constitucional.
    • El presidente del Consejo General del Poder Judicial.
    • El fiscal general del Estado.
    • Los presidentes de las comunidades autónomas.
  • Quienes hayan desempeñado los cargos del punto anterior, sobre los hechos que hayan conocido por razón de su cargo.

También están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros:

  • Los diputados o senadores.
  • Los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
  • Los fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
  • El defensor del pueblo.
  • Las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que reciba la declaración.
  • Los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
  • El presidente y los consejeros permanentes del Consejo de Estado.
  • El presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas.
  • Los miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas.
  • Los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, los gobernadores civiles y los delegados de Hacienda.

Cuando se trate de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, solo se aplicará la exención correspondiente en relación con las declaraciones que tengan que recibirse en su territorio, a excepción de los presidentes de las comunidades autónomas y de sus asambleas legislativas.

Respecto a los miembros de las oficinas consulares, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes.

¿El investigado, procesado o acusado tiene que declarar?

No, no tiene obligación de declarar. Cuando se le leen los derechos, el artículo 118.1.g) de la LeCrim, recoge precisamente el derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, así como a no contestar a alguna o alguna de las preguntas que se le formulen.

¿Esto qué significa? El investigado, procesado o acusado puede decidir no declarar en determinado momento del procedimiento por estrategia procesal. Otra opción que cabe es contestar solamente a determinadas preguntas: a las de tu Abogado, a las del Juez, a las del Fiscal o en determinadas ocasiones se contestan todas menos a las preguntas de la Acusación Procesal, dependiendo de la estrategia del Abogado defensor. Ahora bien, en fase de instrucción cabe declarar por parte del investigado tantas veces como su Abogado entienda que es necesario si lo solicita al Juez.

Volviendo a la LeCrim, en el punto h) del mismo artículo se añade su derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, el cual está consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Arturo González Pascual
Arturo González Pascual

Socio fundador de Dexia Abogados, abogado especialista en derecho penal y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiado número 91.186).

Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Derecho Penal y Turno de Oficio, Máster en Derecho Penal Económico Internacional y curso de especialista en Compliance Penal.

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