La intervención de personas con discapacidad intelectual en el proceso penal: el facilitador judicial

Intervención de personas con discapacidad intelectual en el proceso penal

Comprender lo que sucede en un procedimiento judicial es complicado para cualquier ciudadano. No obstante, las personas con discapacidad intelectual lo tienen más difícil, deben enfrentarse a obstáculos adicionales que limitan la posibilidad de hacer valer sus derechos por sí mismas de manera eficaz y en condiciones de igualdad: hablamos de barreras en el lenguaje, en la comunicación pero, sobre todo, en el entorno.

Cabe preguntarse si existe algún mecanismo legal para facilitar su acceso a la justicia de manera que puedan entender y ser entendidas en su intervención como partes en un proceso penal y que dicha intervención despliegue efectos de cargo o de descargo con todas las garantías.

La respuesta es sí. Esto es posible gracias al facilitador judicial.

¿Quieres saber cómo contactar con un facilitador judicial o te interesa saber cómo trabajan? Te lo explicamos en nuestra publicación: “El facilitador judicial y la Fundación A LA PAR: Guía práctica”.

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¿Qué es un facilitador judicial?

El facilitador es un profesional que acompaña físicamente a la persona con discapacidad intelectual a las dependencias policiales o al juzgado para prestarle un apoyo concreto en aras a que pueda participar en el proceso de manera eficaz, a  que pueda entender y ser entendida. Realiza tareas de “adaptación y ajuste”.

Igualmente, el facilitador sirve de guía a los propios operadores jurídicos en la intervención con la persona.

El perfil profesional del facilitador judicial aún está en construcción, sin embargo, las entidades más reconocidas en el sector -principalmente la Fundación A LA PAR, de la que hablamos en la “Guía práctica”- están trabajando con psicólogos con una doble especialización: en psicología forense y en discapacidad intelectual.

¿Es lo mismo el facilitador judicial que el “acompañante”?

No debe confundirse al facilitador con la figura del acompañante.

El acompañante es una persona de referencia que podrá acompañar a la persona con discapacidad desde el primer contacto con cualquier autoridad o funcionario. Puede ser la madre, el padre, el hermano/a, un profesional de referencia, amigo/a, etc. siempre a elección de la persona acompañada.

Por el contrario, el facilitador judicial interviene como profesional para hacer accesible el proceso judicial a la persona con discapacidad intelectual.

La conclusión es que la persona se encontrará acompañada de otras dos: el acompañante y el facilitador.

¿Qué norma contempla la participación del facilitador judicial en el proceso penal?

El amplio desconocimiento de la figura del facilitador se debe a que es un concepto relativamente reciente (hace apenas 12 años que se maneja en España con aplicación práctica, iniciada de forma pionera por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, actualmente Fundación A LA PAR). Por ello, la legislación en la materia es muy escasa.

En el proceso penal la norma primaria que prevé la asistencia de profesionales a las personas con discapacidad es la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Como se observará, su regulación es muy imprecisa y únicamente se aplica a las víctimas de los delitos, quedando excluidos de su ámbito de aplicación los testigos y los investigados/as que tengan discapacidad intelectual y que igualmente hayan de intervenir en el proceso penal.

Ahora bien, el año pasado entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que introdujo una importante novedad: se incorporaba a la Ley de Enjuiciamiento Civil el artículo 7 bis sobre “Ajustes para personas con discapacidad”, refiriéndose a la forma de comparecencia y representación de las personas con discapacidad en el proceso.

Este artículo 7 bis 2. c) reza: “Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida”.

Igualmente, el artículo 7 bis 2. d) reconoce el derecho de la persona con discapacidad de estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:

(...)

c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.

d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Artículo 7 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Conclusión

La Ley de Enjuiciamiento Civil es de aplicación supletoria  al proceso penal en aquellas materias que la ley procesal penal no recoge (artículo 4 LEC).

En consecuencia, el artículo 7 bis LEC, incorporado en la reforma del año 2021, tiene plena aplicación en el orden penal, quedando legalmente reconocido el derecho de las personas con discapacidad a participar en el proceso penal con el apoyo del facilitador judicial y del acompañante, con independencia de que su comparecencia sea en condición de víctima, testigo o persona investigada.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (promoción 2015/2020) y ha realizado satisfactoriamente el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense de Madrid (promoción 2021/2022).

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