La interceptación de las comunicaciones telefónicas en la investigación penal

La interceptación de las comunicaciones telefónicas en la investigación penal

La interceptación de las comunicaciones telefónicas es una diligencia de investigación tecnológica que solo puede ser adoptada en el curso de una investigación judicial, por ser el paradigma de la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución Española.

Cuando hablamos de interceptación de comunicaciones telefónicas, nos referimos a la expresión coloquial “tener pinchado el teléfono”  o “escuchas telefónicas” y en este post explicamos, brevemente, sus aspectos procesales más relevantes.

Podemos ayudarle

En Dexia Abogados somos abogados especialistas en derecho penal en Madrid. Si necesita un despacho penalista con amplia experiencia, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.

Contacte con nosotros

¿Dónde se regula esta diligencia?

Aunque pueda llamar la atención, en España no contábamos con un desarrollo normativo sobre diligencias de investigación tecnológica hasta el año 2015, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre.

Esta Ley modificó la ley procesal penal e introdujo una rigurosa regulación sobre diligencias de investigación tecnológica, que hoy encontramos en los artículos 588 bis a 588 octies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Cuándo se puede acordar la intervención de las comunicaciones telefónicas?

Esta medida tan restrictiva del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones no puede adoptarse para investigar cualquier delito.

La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación.

Artículo 588 ter a. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Únicamente podrán interceptarse las comunicaciones telefónicas para investigar:

La finalidad de esta diligencia es obtener medios de prueba para la averiguación del delito o acceder a otras fuentes de investigación.

No obstante, para que pueda adoptarse, necesariamente tienen que existir previamente indicios del delito y de la intervención en él de la persona investigada, estando prohibidas las llamadas investigaciones prospectivas (desarrolladas sin base objetiva o indiciaria sólida pero con el propósito de “prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva”).

¿En qué consiste exactamente esta diligencia?

En la actualidad, la mayor parte de los dispositivos telefónicos utilizan sistemas informáticos o combinan las funcionalidades típicas de un teléfono y ordenador (smartphone). Esto no supone gran problemática en la práctica puesto que la regulación legal de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas es idéntica.

No debe confundirse esta medida con el registro de dispositivos electrónicos o informáticos incautados al investigado (por ejemplo, el registro de un móvil).

A través de la interceptación de las comunicaciones lo que se hace es acceder a cualquier comunicación telefónica o telemática (por ejemplo, a través de WhatsApp, redes sociales, foros, etc.).

Concretamente, a través de esta medida se pueden intervenir:

  • El contenido en sí mismo de la comunicación (la conversación).
  • Los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación.
  • Los datos que se produzcan con independencia del establecimiento o no de la concreta comunicación.

¿Quién adopta la medida, la policía o la autoridad judicial?

La decisión de intervenir las comunicaciones telefónicas, obligatoriamente, tiene que ser adoptada por auto motivado del juez/a instructor/a.  No obstante, su ejecución corresponde a la Policía Judicial.

Para su realización será necesaria la colaboración de los operadores de servicios de telecomunicaciones, quienes tienen obligación legal de hacerlo.

Excepcionalmente, el Ministro/a de Interior podría ordenar la medida, sujeto a supervisión de la autoridad judicial en las 24 horas siguientes.

¿Puedo estar siendo objeto de esta diligencia y no saberlo?

Esta medida se tramita en una pieza separada y secreta.

Esto significa que, aun cuando la persona investigada esté personada en el procedimiento con abogado/a, no tendrá conocimiento, ni por supuesto acceso, sobre la existencia de esta diligencia hasta que haya finalizado.

La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa.

Artículo 588 bis d. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Duración máxima de la diligencia

El tiempo máximo inicial es de 3 meses. No obstante, podrá prorrogarse por periodos sucesivos de 3 meses, hasta un máximo total de 18 meses.

¿Pueden descubrir otro delito del inicialmente investigado?

A este descubrimiento es a lo que se denomina “hallazgo casual” y sí es posible.

Cuando en el transcurso de una intervención telefónica que tiene por objeto investigar un delito “A”, se averigüe o se obtengan indicios de la comisión de un delito “B”, para investigar el delito descubierto (B) se tendrá que deducir testimonio.

Será necesario que se dicte un nuevo auto motivado en que se autorice la interceptación telefónica para obtener datos sobre el delito descubierto casualmente.

El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 579 bis.

Artículo 588 bis i. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Valor probatorio de esta diligencia de investigación

En tanto la interceptación de las comunicaciones es una medida de investigación realizada durante la fase de instrucción, para que opere como prueba de cargo será necesaria llevarla al acto de juicio oral con pleno sometimiento a los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción.

La jurisprudencia admite que el resultado de esta diligencia se lleve (i) como prueba preconstituida, cuando se aporten las transcripciones de las conversaciones o las grabaciones de su contenido íntegro; o (ii) como prueba testifical mediante la declaración de los funcionarios de la Policía que escucharon la medida.

Dada la complejidad de los procesos en que se acuerdan escuchas telefónicas, aconsejamos el asesoramiento por abogados especializados en derecho penal y procesal penal.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Abogada especialista en derecho penal y criminóloga. Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2020) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense (2021/2022).

Desde agosto de 2022 forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 137.078).

Contacte conmigo – Más sobre mí

Concertar cita
Puede llamarnos al 91 641 19 69 o dejarnos su nombre y teléfono para que nos pongamos en contacto con usted.


    ¿Por qué debería escogernos?
    Atención personalizada
    Especialistas en Penal
    Disponibles 24/7
    Presupuestos cerrados
    ¿Dónde encontrarnos?
    C/ Serrano 93, 3º E 28006 Madrid, Comunidad de Madrid 91 641 19 69 [email protected]