Aunque tanto el delito de usurpación como el de allanamiento de morada contemplan conductas relacionadas sobre todo con la entrada o la permanencia en una vivienda ajena, son dos tipos penales distintos. Por esta razón, a continuación vamos a explicar en qué se diferencian el delito de usurpación y el de allanamiento de morada.
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Contacte con nosotros¿En qué consiste el delito de usurpación?
El delito de usurpación está tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y contempla dos posibles acciones:
- Ocupar un inmueble o usurpar un derecho inmobiliario ajeno con violencia o intimidación.
- Ocupar sin autorización un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular.
¿Y el de allanamiento de morada?
El allanamiento de morada es un delito contemplado en el artículo 202 del Código Penal. Al igual que el delito de usurpación, comprende dos posibles conductas:
- Que un particular entre en morada ajena o se mantenga en la misma, sin habitar en ella y contra la voluntad de su morador.
- Llevar a cabo las mismas acciones anteriores con violencia o intimidación.
¿Cuál es la diferencia entre el delito de usurpación y el de allanamiento de morada?
La principal diferencia entre ambos delitos es que en el caso de la usurpación se protege la propiedad privada, mientras que, en el allanamiento de morada, el bien jurídico protegido es la inviolabilidad del domicilio.
Es decir, que mientras que el delito del allanamiento de morada se requiere que la vivienda en la que entre el autor de los hechos sea aquella en la que el agraviado está habitando en ese momento, en el caso de la usurpación, se puede entrar por ejemplo en una segunda residencia que se encuentra deshabitada.
Debemos tener en cuenta que cuando se trata del delito de allanamiento de morada, el Código Penal no hace mención expresa a que deba tratarse de un inmueble. Así las cosas, se ha llegado a considerar que pueden constituir morada otros lugares, por ejemplo una habitación de hotel, una caravana e incluso una tienda de campaña.
Finalmente debemos destacar que las penas de ambos ilícitos penales son diferentes:
- El delito de usurpación conlleva penas de prisión de 1 a 2 años en el caso de la usurpación con violencia o intimidación, y de multa de 3 a 6 meses en el resto de supuestos que contempla el Código Penal.
- En cambio, el delito de allanamiento de morada contempla una pena de prisión de 6 meses a 2 años si se lleva a cabo sin violencia o intimidación, y de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses en caso contrario.
¿Se puede acordar el desalojo del inmueble?
El 25 de noviembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid adoptó un acuerdo en el que se unificaba el criterio a este respecto en Madrid:
“Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la presunta comisión de delitos de usurpación de inmuebles o de allanamiento de morada, siempre que existan indicios de delito, podrá adoptar las medidas necesarias”. Entre ellas podrán entenderse el desalojo de la vivienda y la restitución a su legítimo propietario.
Sostienen los magistrados que esta decisión es ajustada a Derecho, en tanto el artículo 13 de la LECrim habilita a la autoridad judicial a adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la comisión del delito presuntamente cometido.
Este criterio se aplicará tanto si el propietario es una persona física como si se trata de una persona jurídica, ya sea pública (Administraciones Públicas) o privada.
Habrá que ver si la línea marcada por la Audiencia Provincial de Madrid es secundada por otras Audiencias o no.
Fuera de Madrid, encontramos que en delitos de usurpación la policía no puede proceder al desalojo del inmueble hasta que los hechos sean comprobados, salvo que aparezca en el momento exacto en que se está cometiendo el delito. Por ello, es necesario esperar a que se celebre el juicio y se dicte una sentencia con orden de desahucio.
Sin embargo, cuando se comete un delito de allanamiento, el inmueble puede ser desalojado en cualquier momento.
Abogada especialista en derecho penal. Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (promoción 2013/2017) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (promoción 2017/2019).
En 2019 realizó con éxito el examen de Acceso a la Abogacía y desde junio de ese mismo año forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 131.327).
