¿Qué se entiende por delitos de lesa humanidad?

Delitos de lesa humanidad

En 2003, se añadió un nuevo capítulo al Código Penal para incluir un único artículo referido a los delitos de lesa humanidad, que implican la producción de un perjuicio grave como consecuencia de un ataque generalizado a un grupo específico de la población civil. 

Los delitos de lesa humanidad tienen repercusión internacional, y su enjuiciamiento puede implicar tanto a los órganos judiciales españoles, como a la misma Corte Penal Internacional.

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¿A qué se refieren los delitos de lesa humanidad?

Con este término se conoce a los delitos en los que el perjuicio se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, en parte o en su totalidad, por razón de su pertenencia a un colectivo perseguido a causa de alguna particular condición o característica personal, o en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro.

Los hechos delictivos contemplados en el artículo 607 bis del Código Penal consisten en delitos contra la vida, la integridad física, moral y sexual así como contra la libertad individual en todos los órdenes, y los motivos en que se fundamentan los hechos se consideran inaceptables por la comunidad internacional, y pueden ser políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros reconocidos igualmente como inaceptables.

¿Cómo se regulan los delitos de lesa humanidad en el Código Penal?

En virtud del artículo 607 bis del Código Penal, los delitos de lesa humanidad son los que se cometen contra la población civil como parte de un ataque generalizado o sistemático concurriendo las siguientes circunstancias:

  • Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
  • En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

Además, deben causar los siguientes perjuicios: muerte, violación, agresión sexual, lesiones, deportación sin motivos autorizados, embarazo forzado, desaparición forzada de personas, detención ilegal, tortura, promoción e inducción a la prostitución, explotación sexual y esclavitud.

Se trata de delitos graves que están castigados todos ellos con pena de prisión cuya duración varía en función de la gravedad del hecho. Para el caso de causar la muerte de una persona, está prevista la pena de prisión permanente revisable.

En todos los casos, se impondrá también la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 3 y 5 años al de la duración de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

¿Cómo se enjuician los delitos de lesa humanidad?

En materia de crímenes de lesa humanidad, hay que tener en cuenta las competencias de la Corte Penal Internacional, en razón de las cuales, se hace necesaria la cooperación entre la Corte y los estados que puedan ser igualmente competentes por haberse cometido los delitos en su territorio o por sus nacionales.

La Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, regula los procedimientos de colaboración entre los órganos de dicha organización y los órganos jurisdiccionales españoles cuando España sea también competente para enjuiciar los hechos.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional es una organización internacional independiente que se creó mediante tratado para poner fin a la impunidad de los responsables de los crímenes más graves que afectan al conjunto de la comunidad internacional.

Esta organización tiene competencia para conocer de los procedimientos en los que se enjuicien los crímenes más graves con trascendencia internacional, y trabaja coordinadamente con los estados que ratificaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998.

La jurisdicción de la Corte tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, en este caso de la de España, y se articula mediante el llamado mecanismo de activación, a través de la denuncia por España de una situación en la que podría tener competencia la organización internacional.

¿Quién es competente para enjuiciar los delitos de lesa humanidad?

Tanto los estados parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como la propia Corte, tienen competencia para conocer de las causas penales en materia de delitos de lesa humanidad.

En España, tiene competencia la Audiencia Nacional, que es el órgano que debe hacer la entrega del detenido a la Corte, para la continuación del procedimiento ante esta. Además, los restantes órganos judiciales españoles tienen competencias en distintos momentos del procedimiento, como en el caso de las comisiones rogatorias, actos de notificación y otras formas de notificación.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia es el órgano competente para relacionarse con la Corte, para lo cual, habrá de tener en cuenta el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos que sean de su competencia.

¿En qué consiste el procedimiento para enjuiciar los delitos de lesa humanidad?

El procedimiento para resolver las cuestiones de competencia entre los órganos judiciales españoles y la Corte Penal Internacional se regula en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.

En caso de existir una denuncia o querella ante un órgano español en relación con hechos sucedidos en otros estados por nacionales extranjeros, y cuyo enjuiciamiento pueda ser competencia de la Corte Penal Internacional, el órgano español deberá abstenerse, informando al interesado de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, si lo estima necesario, iniciar una investigación, además de adoptar las diligencias urgentes que procedan.

Si, recibida la solicitud, el Fiscal de la Corte decide inadmitir el asunto, se podrá presentar nuevamente la denuncia, querella o solicitud ante los órganos correspondientes españoles.

Por otro lado, en caso de que los hechos hayan sido cometidos en territorio español, o cuyos presuntos responsables sean nacionales españoles, el Ministerio de Justicia recibirá notificación del Fiscal de la Corte informándole de la posible competencia de los órganos españoles.

El Ministerio solicitará entonces del Fiscal General del Estado información urgente sobre la existencia de actuaciones penales abiertas en relación con el asunto, así como sobre la posible competencia española para enjuiciar los hechos. Si así se estima, el Ministerio de Justicia solicitará al Fiscal de la Corte que se inhiba de actuar sobre el procedimiento.

Si, por el contrario, no existen actuaciones judiciales de los órganos españoles en curso, ni se ha iniciado una investigación de los hechos, el Ministerio de Justicia se lo comunicará urgentemente al Fiscal de la Corte.

En cualquier caso en que la sala competente de la Corte Penal Internacional autorice al Fiscal de la Corte a proceder a la investigación, o decida mantener su competencia sobre el procedimiento, el órgano judicial español deberá inhibirse a su favor.

A partir de ahí, los órganos judiciales españoles deberán cooperar en todo momento con los órganos de la Corte Penal Internacional, entregando a los responsables para su comparecencia y enjuiciamiento cuando proceda.

Contra el auto del juez central de instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto a la legitimidad para iniciar el procedimiento por denuncia o querella, rigen las normas generales recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos nacionales.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Abogada especialista en derecho penal y criminóloga. Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2020) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense (2021/2022).

Desde agosto de 2022 forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 137.078).

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