Los delitos informáticos en el Código Penal

Delitos informáticos

Bajo la denominación de delitos informáticos se encuentran todas aquellas conductas antijurídicas y punibles para cuya comisión los autores se valen de medios informáticos o que atentan contra equipos informáticos. 

No se trata por tanto de una categoría específica de delitos, sino de delitos genéricos cometidos empleando unos determinados medios, en este caso, los informáticos, o de delitos que atacan la seguridad informática.

En este artículo vamos a analizar cuál es el tratamiento que dedica el Código Penal a este tipo de delitos.

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¿En qué consisten los delitos informáticos?

Se consideran delitos informáticos todos los delitos cometidos empleando medios e instrumentos informáticos, o bien en el espacio digital o Internet. 

Con los avances tecnológicos que se suceden cada vez con más rapidez, la cantidad y variedad de delitos informáticos está aumentando a grandes pasos, abarcando un sinfín de conductas delictivas que se llevan a cabo por cualquier medio telemático o informático sin que pueda hablarse de una lista tasada de delitos.

Los bienes jurídicos protegidos por estos tipos penales van desde activos digitales y sistemas informáticos, hasta otros relativos a la esfera individual de las personas, como la seguridad, la identidad y la propiedad de personas, empresas e instituciones.

Se pueden distinguir cuatro grandes categorías de delitos informáticos, según el modo de operar, los bienes atacados y los resultados perseguidos:

  1. Estafas informáticas, que buscan obtener un beneficio económico mediante un engaño informático. Se incluyen aquí las prácticas de phishing o carding, consistentes en robar datos personales y bancarios mediante enlaces engañosos enviados por Internet o copiando tarjetas bancarias, respectivamente.
  2. Delitos informáticos de daños, que buscan dañar los equipos ajenos mediante actos de sabotaje informático.
  3. Phreaking o defraudación en telecomunicaciones.
  4. Ciberdelitos contra la intimidad.

¿Qué delitos cometidos por medios informáticos contempla el Código Penal?

El Código Penal contempla la modalidad informática para varios delitos comunes que también se pueden cometer por medios distintos de los informáticos, junto a otros delitos que atentan directamente contra los equipos informáticos o la seguridad de los datos informáticos.

Estafa informática

El artículo 249 recoge la posible comisión del delito de estafa empleando medios informáticos. Así, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años a:

  • Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida.
  • Los que, utilizando de forma fraudulenta cualquier medio de pago material o inmaterial distinto del efectivo o los datos obrantes en él, realicen operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero.
  • Los que fabriquen, importen, obtengan, posean, transporten o comercien, o faciliten a terceros dispositivos, instrumentos o datos o programas informáticos para la comisión de las estafas mencionadas.
  • Los que se apropien de forma ilícita de cualquier instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo para su utilización fraudulenta.

Daño informático

El artículo 264 castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años al que, por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borre, dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. 

El artículo 264 bis continúa castigando con igual pena de 6 meses a 3 años al que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno en alguna de las formas detalladas en el propio artículo: las conductas mencionadas en el artículo anterior, introduciendo o transmitiendo datos, o destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Asimismo, el artículo 264 ter prevé un castigo de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses para quien, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos de los dos artículos anteriores:

  • Un programa informático, concebido y adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores.
  • Una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema de información.

El artículo 264 quater cierra este apartado extendiendo la responsabilidad criminal a las personas jurídicas que realicen las conductas descritas.

Defraudación

El artículo 255 prevé la comisión del delito de defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, y castiga la conducta con multa de 3 a 12 meses.

También se castiga con pena de multa de 3 a 12 meses, en el artículo 256, a quien haga uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, causando a este un perjuicio económico igual o superior a 400 euros. La multa será de 1 a 3 meses si el perjuicio fuera de menos valor.

Ataque a la intimidad personal

Los ataques a la intimidad por medios informáticos se recogen fundamentalmente en el artículo 197.2, en virtud del cual, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses quien, en perjuicio de tercero, y sin su autorización, se apodere de datos reservados de carácter personal o familiar registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. También se impondrá la misma pena a quien, sin autorización, acceda por cualquier medio a los mismos o los altere o utilice en perjuicio de su titular o de un tercero.

Se castigan también otras conductas como la difusión de los datos o hechos descubiertos o la cesión a terceros, así como una agravación de la pena si los datos afectados son especialmente sensibles y revelan la ideología, religión, salud, origen racial, vida sexual, etc. del perjudicado.

El artículo 197 bis castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años a quien, por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso a todo o parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.

También castiga el mismo artículo con igual pena a quien, mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información.

El artículo 197 ter castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses a quienes, sin autorización, y con la intención de facilitar la comisión de los delitos de los dos artículos anteriores, produzcan, adquieran para su uso, importen o faciliten a terceros:

  • Un programa informático, concebido o adaptado para cometer los delitos.
  • Una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema de información.

Otros delitos con medios informáticos

Por otro lado, y aunque no se trate de delitos informáticos propiamente dichos, el Código Penal prevé que algunos delitos no específicamente informáticos se puedan cometer también usando estos medios, lo que supone en la mayoría de las veces una agravación de la pena, por la mayor gravedad del perjuicio que supone su difusión pública.

La lista se puede ampliar en el futuro, a medida que avancen las nuevas tecnologías y se integren en nuevos aspectos de nuestra vida.

En este sentido, los siguientes delitos se pueden cometer también con intervención de medios informáticos o de Internet:

  • Ciberdelitos sexuales. En este grupo se incluyen los delitos sexuales que se cometan utilizando las tecnologías informáticas, como el contacto sexual con menores a través de Internet (artículo 183) o child grooming, o la difusión o distribución pública a través de Internet u otras tecnologías informáticas destinada a promover, fomentar o incitar la comisión de delitos de contenido sexual (artículo 189 bis).
  • Amenazas. En este grupo se incluyen los delitos de amenazas condicionales utilizando medios informáticos, lo que supone la aplicación de las penas en su mitad superior (artículo 169.1.º).
  • Acoso. También se prevé la comisión de un delito de acoso contactando por medios de comunicación o informáticos, o mediante la utilización de la imagen del acosado para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales u otros medios de difusión pública (artículo 172 ter).
  • Delito de odio. Para este tipo de delitos consistentes en fomentar, promover o incitar al odio o discriminación contra un grupo o persona por motivos ideológicos, racistas, de nacionalidad, de género, etc., también se prevé su comisión utilizando medios de difusión informáticos (510.3).
  • Apología del terrorismo. También se impone la aplicación de la pena en su mitad superior cuando el delito de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo se lleve a cabo mediante difusión en Internet (artículo 578).
  • Injurias y calumnias. La pena se agrava para las injurias graves si se hacen con publicidad, lo que incluye la difusión por Internet (artículo 209). Igual ocurre en el caso de las calumnias (artículo 206).
  • Delitos contra la propiedad intelectual. Aquí se incluyen todas las conductas consistentes en difundir, distribuir o explotar económicamente de cualquier otro modo obras intelectuales ajenas valiéndose de medios informáticos (artículo 270).
Saray Contreras Fresneda
Saray Contreras Fresneda

Abogada especialista en derecho penal. Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (promoción 2013/2017) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (promoción 2017/2019).

En 2019 realizó con éxito el examen de Acceso a la Abogacía y desde junio de ese mismo año forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 131.327).

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