Los delitos contra el honor en el Código Penal

Delitos contra el honor

Nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho al honor de las personas físicas y jurídicas, al que otorga el más alto nivel de protección legal, incluyéndolo entre los derechos fundamentales que reconoce la Constitución.

En consecuencia, bajo la denominación de delitos contra el honor, se contemplan los de calumnia e injuria, que engloban conductas que atentan contra este bien jurídico en dos formas diferentes.

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¿Qué delitos contra el honor contempla el Código Penal?

El Código Penal dedica el título XI a los delitos contra el honor, e incluye el delito de calumnias y el delito de injurias.

El delito de calumnias se regula en el capítulo I, del artículo 205 al 207; el delito de injurias en el capítulo II, del artículo 208 al 210; y por último, el capítulo III recoge algunos artículos, el 211 y siguientes, dedicados a las disposiciones generales comunes a ambos tipos penales.

Esta regulación obedece al mandato constitucional recogido en el artículo 18.1 de la Constitución, que dice: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Por tanto, se trata de un derecho fundamental que goza de la más alta protección en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho al honor es un derecho inherente a la persona, y existe por el mero hecho de serlo.

¿En qué consiste el delito de calumnias?

Se incurre en un delito de calumnias cuando se imputa falsamente a otro un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad (artículo 205 del Código Penal).

Por tanto, para que haya delito de calumnias hay que acusar a otra persona de haber cometido un delito, pero teniendo la certeza de que dicho delito no se ha cometido, o de que la persona acusada es inocente de cometerlo.

La pena prevista para el delito de calumnias es de multa de 6 a 12 meses, a menos que las calumnias se propaguen con publicidad, en cuyo caso se trata de un tipo agravado castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses.

Se entiende que hay publicidad cuando se utilicen medios de propagación escrita o audiovisual, como la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro análogo. En ese caso, además, será responsable civil solidario el propietario del medio de publicidad empleado.

Se prevé una pena accesoria de inhabilitación especial de 6 meses a 2 años si el delito se cometió a cambio de dinero, recompensa o promesa de gratificación de alguna clase (artículo 213).

Hay que tener en cuenta que el delito existe porque se atribuye a otra persona la realización de una conducta reprobable que, de ser cierta, supondría un menoscabo para su buen nombre y su reputación. Pero, si quien acusa puede probar la certeza de lo que afirma, entonces no hay delito y el hecho queda exento de pena (artículo 207): es lo que se conoce como exceptio veritatis.

Por último, se prevé una rebaja en la pena si el autor del delito reconoce ante el juez la falsedad de sus afirmaciones y se retracta. En ese caso se impondrá la pena inferior en grado y podrá dejar sin efecto la pena de inhabilitación.

Eso sí, si el ofendido lo solicita, se deberá reparar el daño causado dando a la retractación la misma publicidad que se dio a la falsa acusación.

¿En qué consiste el delito de injurias?

El delito de injurias consiste en lesionar, por medio de una acción o de una expresión, la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación (artículo 208 del Código Penal).

El Código Penal solo considera delito las injurias que se tengan por graves según el concepto general vigente en la sociedad, y en ningún caso se consideran graves las injurias que consistan en la imputación de hechos, a menos que se hayan realizado con conocimiento de su falsedad o despreciando la verdad de manera temeraria.

No obstante, sí se considerarán delito las injurias que, aunque sean leves, se realicen sobre quien es o fue cónyuge o persona unida por una relación análoga de afectividad al autor de los hechos, o sobre sus familiares más cercanos con los que convivan o hayan convivido (artículo 173.4).

La pena prevista para el delito de injurias es de multa de 3 a 7 meses, pero si el delito se comete con publicidad, entonces se incurre en un tipo agravado, que se castiga con pena de multa de 6 a 14 meses.

Se entiende que concurre la circunstancia de publicidad en los mismos casos que los previstos para el delito de calumnias.

El delito de injurias se considera menos grave que el de calumnias, ya que, aunque se atenta contra el honor de una persona, no se le atribuye la condición de criminal, y el daño provocado es menor, así como las repercusiones que pueda tener en distintas esferas de su vida.

El Código Penal hace una previsión especial para el caso de que las injurias se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos, o referidos a la comisión de infracciones administrativas: el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad si prueba la verdad de sus afirmaciones.

¿Qué características comparten el delito de calumnias y el de injurias?

Como hemos visto, los delitos de calumnia e injuria son muy similares, y se diferencian principalmente en la gravedad de los hechos que se afirman y se atribuyen al ofendido.

En ambos casos, se trata de delitos privados sólo perseguibles a instancia de parte y por interposición de querella, a menos que el ofendido sea un funcionario público, autoridad o agente y los hechos se refieran al ejercicio de su cargo, en cuyo caso se perseguirán de oficio.

El bien jurídico protegido, en ambos casos, es el derecho al honor, tanto en relación a una persona física como a una persona jurídica, ya que ambas se pueden ver perjudicadas por una mala reputación. Aunque, en el caso de las injurias, el honor depende de las consideraciones sociales y de lo que el propio ofendido pueda entender como injuria, extremos que deberá valorar el tribunal.

En cuanto al sujeto activo, solo podrá ser autor de los hechos una persona física, pero el ofendido o sujeto pasivo puede ser una persona física o jurídica, con una salvedad: en el delito de calumnias, solo podrá ser ofendida una persona jurídica si las calumnias se extienden a la persona física de su representante.

Como delitos privados perseguibles a instancia de la víctima, el perdón del ofendido tiene como efecto extinguir la acción penal, a menos que la víctima sea un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y resulten afectados bienes jurídicos eminentemente personales (artículo 130.1.5º del Código Penal).

No obstante, el perdón tiene sus requisitos para poder ser eficaz: debe ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, y será necesario que el juez o tribunal oiga a la persona ofendida antes de dictar la sentencia.

Por último, es importante puntualizar que, si se trata de calumnia o injuria contra particulares, antes de interponer querella es necesario intentar un acto de conciliación (demanda de conciliación) hasta el punto de que solo se admitirá la querella si se acompaña de la certificación de haber celebrado dicho acto o de haberlo intentado sin efecto (artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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