Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el Código Penal

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Desde el año 2000, el Código Penal contiene un título dedicado a los delitos contra los ciudadanos extranjeros que se centra en combatir la inmigración ilegal y en castigar a quienes participen en ella, favoreciendo la entrada ilegal de personas extranjeras en territorio nacional.

El delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en ocasiones aparece vinculado al delito de trata de seres humanos, por lo que la norma prevé específicamente reglas para determinar cuál es el castigo cuando concurren ambos delitos.

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¿En qué consisten los delitos contra los ciudadanos extranjeros en el Código Penal?

El artículo 318 bis del Código Penal contempla distintas conductas delictivas cuya inclusión está destinada a luchar contra el favorecimiento de la inmigración ilegal.

Al ser un título destinado a establecer los delitos contra los ciudadanos extranjeros, no se castiga en ellas al ciudadano extranjero que entra de forma irregular en España, sino a todos aquellos que favorecen su entrada y permanencia ilegal. 

Así, las acciones penadas por el artículo 318 bis son las siguientes:

  1. Ayudar intencionadamente a un extranjero no ciudadano de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar por él vulnerando la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros. No se castigan los hechos si el objetivo perseguido es prestar ayuda humanitaria a esa persona. No se exige ánimo de lucro para que la “ayuda a entrar” sea delictiva.
  2. Ayudar intencionadamente, y con ánimo de lucro, a un extranjero no ciudadano de la Unión Europea a permanecer en España vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros.

Los elementos que se requieren para que se entienda cometido el delito son:

  • Intencionalidad, por lo que no cabe la comisión por imprudencia.
  • Vulneración de la legislación sobre extranjería.
  • Finalidad distinta de la ayuda humanitaria.
  • Ánimo de lucro para el segundo supuesto. Es indiferente en el primer supuesto contemplado, aunque, si concurre, resulta en una agravación de la pena.

Por su parte, los extranjeros que entren, transiten o permanezcan en territorio español de manera ilegal no incurren en delito, y serán sancionados por vía administrativa, de acuerdo con la gradación de infracciones y sanciones establecida por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Los delitos contemplados en el artículo 318 bis son delitos públicos, y, por tanto, perseguibles de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano.

Fuera de la rúbrica del título XV bis del Código Penal, el artículo 177 bis regula el delito de trata de seres humanos.

Este artículo castiga a quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abuso de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o percepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de quien posea el control sobre la víctima, la capte, transporte, traslade, acoja o reciba, incluyendo el intercambio o transferencia de control sobre esas personas para los fines de:

  • Imposición de trabajo o servicios forzados, esclavitud o práctica similar, servidumbre o mendicidad.
  • Explotación sexual, incluida la pornografía.
  • Explotación para realizar actividades delictivas.
  • Extracción de sus órganos.
  • Celebración de matrimonios forzados.

Si bien este delito completa a los ya mencionados del artículo 318 bis, no está incluido en el título que el Código Penal dedica a los delitos contra los ciudadanos extranjeros, por lo que, estrictamente, no es uno de ellos. 

No obstante, tanto el artículo 177 bis como la redacción actual del 318 bis responden a la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

¿Cómo se castigan los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros?

Los delitos contenidos en el artículo 318 bis contra los derechos de los extranjeros están castigados con las siguientes penas:

  • Pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año tanto para el delito consistente en ayudar a entrar o transitar en territorio español como para el delito de ayudar, con ánimo de lucro, a permanecer en España en contra de la legislación.
  • Si en el primer supuesto concurre ánimo de lucro, la pena se impondrá en su mitad superior.

Además, el artículo contempla un tipo agravado del delito con una pena de prisión de 4 a 8 años, en caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes:

  • Que los hechos se hayan cometido en el seno de una organización que se dedique a tales actividades. Si los autores son los jefes, administradores o encargados de las organizaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, y podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.
  • Que se haya puesto en peligro la vida de las personas objeto del delito, o se hubiera creado un peligro de lesiones graves.

Se prevén también otras penas accesorias, en función de las características personales del culpable: además de la pena de prisión de 4 a 8 años, se impondrá también la de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años a quien realice los hechos prevaliéndose de su condición de funcionario, autoridad o agente de la autoridad.

No obstante, la pena también puede ser atenuada si los tribunales lo estiman adecuado después de valorar la gravedad del hecho, sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por él. Esta atenuación consistirá en la posibilidad de imponer la pena inferior en un grado a la que esté señalada en cada caso.

¿Qué pena se impone en caso de que el autor sea persona jurídica?

Este tipo de delitos se cometen con frecuencia en el seno de una organización, y el Código Penal prevé penas específicas en caso de que la autora de los hechos delictivos sea una persona jurídica.

Así, si la responsable es una persona jurídica, se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años, o la del triple al quíntuple del beneficio que se haya obtenido, en caso de que la cantidad resultante sea más elevada.

Además, se le podrán imponer las siguientes penas accesorias (apartados b) a g) del artículo 33.7):

  • Disolución y pérdida definitiva de la personalidad jurídica, su capacidad de actuar en el tráfico jurídico y de llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  • Suspensión de sus actividades por un plazo no superior a 5 años.
  • Prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro actividades de las que se haya valido para cometer, favorecer o encubrir el delito. Si la prohibición es temporal, no podrá exceder de un plazo de 15 años.
  • Inhabilitación por un plazo no superior a 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
  • También podrá sufrir la intervención judicial con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Esta intervención se impondrá por un tiempo no superior a 5 años, y podrá ser total o parcial.

La aplicación de las mencionadas medidas deberá estar justificada por la valoración de las siguientes circunstancias (artículo 66 bis):

  • La necesidad de prevenir la continuación de la actividad delictiva.
  • Las consecuencias económicas y sociales, fundamentalmente los efectos sobre los trabajadores.
  • El puesto que ocupa en la estructura societaria la persona u órgano que incumplió el deber de control.

¿Qué ocurre si el autor de los delitos es extranjero?

En general, en el ordenamiento jurídico español cuando el autor de un delito es un ciudadano extranjero y la pena es de prisión de más de un año, el Código Penal prevé que se pueda sustituir por su expulsión del territorio español (artículo 89).

No obstante, en los delitos trata de seres humanos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, regulados en los artículo 177 bis y  318 bis CP, se exceptúa expresamente esta posibilidad, y no cabe la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del país (artículo 89.9).

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