¿Qué delitos se juzgan con Tribunal del Jurado en España?

¿Qué delitos se juzgan con Tribunal del Jurado en España?

Desde 1995 existe en España la institución del Tribunal del Jurado, en virtud del cual, cualquier ciudadano que no esté expresamente excluido por ley podrá ser llamado a formar parte de un jurado en el enjuiciamiento de determinados delitos.

A continuación, vamos a ver para qué delitos está prevista la participación del jurado.

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¿En qué procesos tiene competencia el Tribunal del Jurado?

El Tribunal del Jurado es un tribunal integrado por nueve ciudadanos denominados jurados y un magistrado de la Audiencia Provincial, que lo preside. El jurado emite veredicto en relación a los hechos que se juzgan en procesos en los que se enjuician determinados delitos.

Es decir: la función del jurado es decidir sobre si resultan probados o no los hechos que se relatan en los procedimientos en que participa, y siempre que el magistrado-presidente determine un hecho como justiciable.

La norma que regula la composición, competencia y funcionamiento del Tribunal del Jurado es la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

El artículo 1 de la ley comienza delimitando la competencia del Tribunal, y establece que podrá enjuiciar delitos que se encuentren comprendidos bajo las siguientes epígrafes:

  • Delitos contra las personas.
  • Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
  • Delitos contra el honor.
  • Delitos contra la libertad y la seguridad.

¿Qué delitos están incluidos en la competencia del Tribunal del Jurado?

Más detalladamente, el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes artículos del Código Penal:

Del homicidio (artículos 138 a 140)

Se incluyen en este grupo los delitos de homicidio doloso (artículo 138), el delito de asesinato regulado en el artículo 139 (homicidio en el que concurren las circunstancias de alevosía, promesa de dinero u otra recompensa, ensañamiento o intento de encubrir otro delito), y el asesinato agravado, castigado con prisión permanente revisable (artículo 140).

Para que el Jurado tenga competencia, el delito ha de ser consumado. Es decir, quedan excluidas las tentativas.

De las amenazas (artículo 169.1º)

Solo serán enjuiciables por el Tribunal del Jurado los hechos relacionados con las amenazas condicionales, en las que se exige al amenazado dinero u otra condición (artículo 169.1º).

Sin embargo, las amenazas no condicionales quedan fuera de su competencia.

De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196)

En este grupo se incluye el delito consistente en no socorrer, pudiendo hacerlo sin riesgo, a una persona que está en peligro manifiesto, o de no pedir ayuda cuando no se puede prestar el socorro (artículo 195).

También se enjuiciará por el Tribunal del Jurado la omisión del deber de socorro cuando el responsable sea un profesional sanitario (artículo 196).

Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204)

Es competencia del Tribunal del Jurado el delito consistente en entrar en una vivienda ajena contra la voluntad de la persona que la habita (artículo 202), tanto si se realiza por un particular como por un funcionario público o autoridad que no lo tenga permitido (artículo 204).

En cambio, no se incluye el supuesto de allanamiento de domicilio de persona jurídica (despachos profesionales, oficinas, locales comerciales, etc.) fuera del horario de apertura, en su caso.

De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415)

Se trata del delito consistente en destruir o inutilizar documentos de acceso restringido sobre los que se tenga encomendada la custodia, o permitir que se destruyan o inutilicen (artículo 413).

Se incluyen tanto el supuesto de que el autor de los hechos sea una autoridad o funcionario público, como el de que sea un particular encargado accidentalmente de la custodia de los documentos (artículo 414).

También si una autoridad o funcionario público permite acceder o accede sin autorización a documentos secretos de los que tenga la custodia (artículo 415).

Del cohecho (artículos 419 a 426)

Se enjuiciará por el Tribunal del Jurado el delito consistente en recibir o solicitar favores o retribuciones siendo autoridad o funcionario público, con el objetivo de realizar un acto contrario a las normas (cohecho del artículo 419).

También aunque se reciban o soliciten con la condición de realizar un acto propio del cargo que representa (artículo 420), o cuando se reciban o soliciten como recompensa por alguna de las conductas mencionadas (artículo 421).

Se incluye el supuesto de que el funcionario o autoridad meramente admita regalos en consideración a su cargo (artículo 422).

El Tribunal del Jurado también enjuiciará los hechos cuando se juzgue al particular que ofreció o entregó los regalos o favores (artículo 424).

Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430)

Se enjuiciarán por el Tribunal del Jurado los hechos consistentes en influir en un funcionario o autoridad, siéndolo también y valiéndose del cargo, para conseguir una resolución en beneficio económico propio o ajeno, tanto directo como indirecto (artículo 428).

También si es un particular el responsable de los hechos (artículo 429), o si se solicitan además regalos o recompensas por quien se ofrece a realizar la conducta descrita (artículo 420).

De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434)

También es competencia del Tribunal del Jurado el delito consistente en apropiarse del patrimonio público por parte de una autoridad o funcionario público que disponga de él por su cargo (artículo 432).

Se incluye el supuesto de que el funcionario público o autoridad no se apropie dicho patrimonio, pero lo destine a usos privados (artículo 432 bis), o lo destine a un uso público diferente al previsto (artículo 433).

Será también competente el Tribunal del Jurado para enjuiciar hechos relacionados con el delito cometido por autoridad o funcionario público consistente en falsear la contabilidad o los documentos que reflejen la situación económica de una entidad pública para causarle un perjuicio económico (artículo 433 bis).

De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)

Se incluyen en este grupo los delitos consistentes en las siguientes conductas realizadas por autoridad o funcionario público:

  • Pactar o concertarse con los interesados en actos de contratación pública en los que intervenga por su cargo (artículo 436).
  • Exigir, de algún modo, aranceles o minutas no debidos legalmente (artículo 437).
  • Abusar del propio cargo para cometer delito de estafa o fraude de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social (artículo 438).
  • Obtener un incremento patrimonial o cancelación de deudas superior en 250.000 euros a sus ingresos acreditados, sin justificarlo (artículo 438 bis).

De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440)

También son competencia del Tribunal del Jurado estos delitos:

  • El cometido por autoridad o funcionario público que se aproveche de su intervención en contratos u operaciones, en razón del cargo, para forzar o facilitar su propia participación en tales negocios,de forma directa o a través de una persona interpuesta (artículo 439).
  • El mismo delito, pero cometido por peritos, árbitros y contadores partidores, tutores, curadores, albaceas y administradores concursales con respecto a las tasaciones, particiones o negocios en que intervengan en cumplimiento de sus funciones (artículo 440).

De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471)

Por último, será competencia del Tribunal del Jurado el enjuiciamiento del delito cometido por el funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido que le facilite o proporcione la fuga (artículo 471).

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