Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal

Delitos contra la Administración Pública

A la Administración Pública se le supone un comportamiento íntegro en el ejercicio de los servicios públicos, y una actuación acorde a los principios de objetividad, eficacia e imparcialidad.

Para proteger al conjunto de los ciudadanos y a la propia Administración, el Código Penal prevé en el título XIX una serie de delitos contra la Administración Pública que, en su mayoría, solo pueden ser cometidos por las autoridades y funcionarios públicos.

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¿Qué es la Administración Pública?

Se entiende por Administración Pública el conjunto de órganos y entidades pertenecientes al gobierno estatal, autonómico o local que sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando los servicios públicos correspondientes.

El Código Penal no define la Administración Pública, por lo que hay que acudir a otros cuerpos legales para encontrar una definición:

  • El artículo 103.1 de la Constitución Española se ocupa de los fines de la Administración Pública, y establece que sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
  • El artículo 2.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público detalla los órganos y entidades que forman parte de la Administración Pública, que son: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas.

De acuerdo con los artículos mencionados, se puede concluir que, a efectos del título XIX del Código Penal, la Administración Pública está formada por las Administraciones estatal, autonómica y local, y por las Administraciones no territoriales. De ellas habrá que excluir a las Administraciones de Hacienda y Justicia, ya que tienen regulación propia en el Código Penal, y están previstos expresamente los delitos que implican al personal a su servicio.

¿Cuáles son las características de los delitos contra la Administración Pública?

Por todo lo expuesto, se deduce que el bien jurídico protegido en este caso es el correcto funcionamiento y desempeño de la función pública de acuerdo con los principios constitucionales.

En cuanto al sujeto activo de los distintos delitos, este es, en la mayoría de los casos, la autoridad o funcionario público, entendidos ambos en un sentido amplio. Así, el Tribunal Supremo ha incluido en el concepto de funcionario público a los trabajadores que desempeñan labores de función pública aunque no sean funcionarios, como pueden ser los que están unidos a la Administración por una relación laboral.

El propio Código Penal, en su artículo 24, define qué se entiende por autoridad y funcionario público.

Se trata, por tanto, de delitos especiales. No obstante, en algunos delitos se contempla su comisión por personas distintas a las autoridades o funcionarios públicos, como puede ser cualquier particular, lo que convierte estos supuestos en delitos comunes.

En cuanto al sujeto pasivo, se puede decir que es la propia Administración Pública, ya que el comportamiento constitutivo de delito atenta contra su correcto funcionamiento. De manera tangencial, resultan perjudicados los ciudadanos en su conjunto, además del resto de personal perteneciente a la Administración.

Por otro lado, los delitos contemplados en el título XIX son delitos dolosos, ya que se exige el elemento intencional en su comisión, por lo que no cabe la comisión por imprudencia.

Muchos de los delitos incluidos en el título son delitos de omisión, de dejar de cumplir con el deber, y la mayoría de los delitos son delitos de mera actividad, ya que se pretende castigar la conducta no ejemplar, que se desvía del comportamiento íntegro, por lo que no es necesario que se produzca un resultado lesivo.

En cuanto a las penas, se contempla principalmente las de inhabilitación especial para empleo y cargo público o para el derecho de sufragio pasivo, multa, suspensión de empleo o cargo público y, en algunos supuestos, la de prisión de hasta 6 años.

¿Cómo se regulan en el Código Penal los delitos contra la Administración Pública?

El título XIX del Código Penal está distribuido en 10 capítulos, bajo cuyos epígrafes se agrupan una serie de delitos más o menos homogéneos:

Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

En el capítulo I, compuesto por los artículos 404 a 406, se castiga a la autoridad o funcionario público:

  • Que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
  • Que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, proponga, nombre o dé posesión de un determinado cargo público a cualquier persona sin que reúna los requisitos legalmente exigidos. En este delito también se castiga a la persona que acepte dicho cargo.

Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos

Los artículos 407 a 409 del capítulo II castigan a la autoridad o funcionario público:

  • Que abandone su destino para no impedir o no perseguir un delito. Se distingue a efectos de pena entre los delitos de los títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV y el resto de delitos del Código Penal. También se castiga el abandono que tiene por objeto no ejecutar las penas correspondientes impuestas por la autoridad judicial.
  • Que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.
  • Que promueva, dirija u organice el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, y, en menor medida, a la autoridad o funcionario público que tome parte en dicho abandono colectivo.

Desobediencia y denegación de auxilio

El capítulo III, en los artículos 410 a 412, castiga a la autoridad o funcionario público:

  • Que se niegue abiertamente a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas de acuerdo con sus respectivas competencias y con las formalidades legales, salvo si constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto legal u otra disposición general.
  • Que desobedezca la ejecución de las órdenes de sus superiores, después de que estos hayan desaprobado la suspensión, salvo en el caso exceptuado antes.
  • Que, requerido por la autoridad competente, no preste el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público.
  • Que, requerido por un particular a prestar algún auxilio al que esté obligado en razón de su cargo para evitar un delito contra la vida, la integridad, la libertad sexual, la salud o la libertad de las personas, se abstenga de prestarlo. También, aunque en menor medida, se castiga la conducta si se trata de delitos diferentes a los mencionados.

Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos

En los artículos 413 a 416 del capítulo IV, se contempla la infidelidad en la custodia de documentos, en virtud de la cual se castiga a la autoridad o funcionario público que realiza las siguientes conductas:

  • Sustraer, destruir, inutilizar u ocultar documentos, de forma total o parcial, cuya custodia le esté encomendada, siempre que lo haga intencionadamente.
  • Destruir o inutilizar, a sabiendas, los medios puestos para impedir el acceso a documentos restringidos cuya custodia le haya sido encomendada por razón de su cargo, o consentir la destrucción o inutilización de dichos medios. También se castiga al particular que realice estas acciones.
  • Acceder o permitir acceder, a sabiendas, a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo.

También se castiga al particular que realice las conductas anteriores, habiendo sido encargado accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo.

A continuación, los artículos 417 y 418 castigan la violación de secretos, condenando los siguientes actos:

  • Los realizados por autoridades o funcionarios públicos que consistan en revelar secretos o informaciones de los que tengan conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. La pena se agrava si de dicha acción resulta un grave daño para la causa pública o para tercero, o si se trata de secretos de un particular.
  • Los realizados por particulares consistentes en aprovechar para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtenga de un funcionario público o autoridad. También se agrava la pena si resulta un grave daño para la causa pública o para tercero.

Cohecho

El cohecho se recoge en los artículos 419 a 427 bis, contenidos en el capítulo V, y consiste en actos de soborno a autoridades o funcionarios públicos. Bajo este epígrafe, se castigan las siguientes acciones realizadas por autoridad o funcionario público, o por jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales y otras personas que participen en el ejercicio de la función pública:

  • Recibir o solicitar, en provecho propio o de un tercero, un regalo, favor o retribución de cualquier clase, o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. También si acepta esos regalos para realizar un acto propio de su cargo, e igualmente si el regalo se entrega como recompensa por el acto realizado.
  • Admitir, en provecho propio o de un tercero, cualquier regalo que le sea ofrecido en consideración a su cargo o función.

También se castiga al particular que ofrezca o entregue un regalo o retribución del tipo que sea a cualquiera de las personas mencionadas antes, con la intención de que realice un acto contrario a sus deberes, o para que no realice o retrase el que debiera practicar.

Igualmente, si entrega el regalo o retribución a requerimiento de cualquiera de estas personas, aunque en este caso quedará exento de pena si denuncia el hecho antes de la apertura del procedimiento y dentro del plazo de 2 meses desde los hechos.

Se contempla de manera especial el caso de utilizar el soborno para mediar en una causa criminal a favor del cónyuge o pareja, o de algún familiar cercano.

Por último, se prevén iguales penas cuando el autor ostente otros cargos públicos o ejerza de otro modo una función pública.

Tráfico de influencias

El capítulo VI, en los artículos 428 a 431, castiga a la autoridad o funcionario público, o al particular o cualquiera que esté implicado en los hechos realizados por aquellos, cuando consistan en:

  • Influir en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de su cargo, o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este u otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le genere de algún modo un beneficio económico para sí o para un tercero.
  • Solicitar regalos o cualquier retribución, o aceptar ofrecimiento o promesa de recibirlos, para realizar las conductas anteriores.

Malversación

La malversación, contemplada en los artículos 432 a 435 bis del capítulo VII, consiste en sustraer caudales públicos, por parte de autoridad o funcionario público, para provecho propio o para darle un destino diferente al planificado.

En este capítulo se castiga a la autoridad o funcionario público que se apropie, o consienta que un tercero lo haga, de patrimonio público que tenga a su cargo. La pena se agrava en función del daño causado al servicio público, el valor del perjuicio o el especial valor o características de las cosas malversadas.

Igualmente, se castiga a la autoridad o funcionario público que, aun sin ánimo de apropiárselo, destine a usos privados el patrimonio público que tenga a su cargo, o que dé al patrimonio público que administra por su cargo una aplicación pública diferente a la asignada.

El resto de artículos contemplan circunstancias agravantes o atenuantes, y la extensión de la responsabilidad penal a otros posibles autores.

Fraudes y exacciones ilegales

En el capítulo VIII, artículos 436 a 438 bis, se castiga a la autoridad o funcionario público:

  • Que, interviniendo por razón de su cargo en actos de contratación pública o liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierte con los interesados para defraudar a cualquier ente público. También se castiga al particular que participe en la acción.
  • Que exija derechos, tarifas o minutas no debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
  • Que, abusando de su cargo, cometa algún delito de estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social.
  • Que, durante el desempeño de su cargo y hasta 5 años después de cesar en él, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por más de 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se niegue a su justificación.

Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función

En el capítulo IX se mezclan distintas conductas delictivas realizadas por autoridades o funcionarios públicos que consisten en:

  • Aprovecharse de su intervención en contratos, asuntos, operaciones o actividades, para forzar o facilitarse cualquier forma de participación en tales negocios (artículo 439). Se extiende la responsabilidad a peritos, árbitros, contadores partidores, a tutores, curadores o albaceas, y a administradores concursales, por acciones similares en el ejercicio de sus funciones (artículo 440).
  • Realizar una actividad profesional o de asesoramiento al servicio de entidades privadas o particulares, en casos no admitidos legalmente y en asuntos en los que intervengan por razón de su cargo (artículo 441).
  • Hacer uso de un secreto conocido en razón de su cargo, o de información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico (artículo 442).
  • Solicitar sexualmente a una persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución o acerca de las cuales deba emitir informe o elevar consulta a un superior. Se extiende la responsabilidad al funcionario de instituciones penitenciarias o centros de menores o de internamiento de extranjeros u otros análogos con respecto a las personas sujetas a su guarda o a los familiares cercanos de estas (artículo 443).

Disposición común a los capítulos anteriores

El capítulo X cierra el título con el artículo 445, que contempla otras formas de participación, como son la provocación, la conspiración o la proposición para cometer los delitos de los capítulos anteriores, y que castiga, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

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