El delito de desobediencia es una conducta delictiva que se produce cuando una persona se niega a acatar una orden de la autoridad o de sus agentes. Su finalidad es proteger el correcto funcionamiento de la Administración Pública y el respeto a la autoridad en el desarrollo de sus funciones.
El Código Penal regula diferentes tipos de desobediencia, dependiendo de quién comete el delito, ya sea un particular, un conductor, una autoridad o un funcionario público.
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Contacte con nosotros¿Cuándo se comete un delito de desobediencia a la autoridad?
El delito de desobediencia a la autoridad o sus agentes se produce cuando una persona, de forma consciente e intencionada, se resiste o desobedece gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
También se comete este delito si se resiste o desobedece gravemente al personal de seguridad privada que esté debidamente identificado y opere en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El delito de desobediencia a la autoridad es un delito contra el orden público regulado en el artículo 556 del Código Penal. Este artículo sólo castiga los casos más graves de desobediencia, dejando el resto al ámbito administrativo.
¿Qué requisitos se exigen en el delito de desobediencia a la autoridad?
Para que se considere delito de desobediencia a la autoridad, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Grave resistencia o desobediencia. La conducta debe consistir en un acto de resistencia o desobediencia. La resistencia implica el uso de fuerza física o psicológica para negarse a hacer lo ordenado. Por su parte, la desobediencia es la negativa a cumplir una orden. En ambos casos, el acto debe ser de carácter grave. La gravedad se determina por el juez, y si no existe, la conducta no constituye delito, sin perjuicio de que pueda constituir una infracción administrativa.
- Orden directa e individualizada. La desobediencia implica que existe una orden directa que el infractor debe acatar y se niega a hacerlo. La orden debe estar comunicada personalmente al autor de la desobediencia, por lo que no basta con una orden general dirigida a la población. Si el infractor no conoce la orden, no hay delito.
- Orden legal y justificada. La orden debe ser dictada por la autoridad o sus agentes en el ámbito de sus competencias y con las formalidades legales. Si la orden es ilegal o no está dentro de las competencias de quien la emite, la resistencia o desobediencia no constituirá delito.
- Inmediatez entre la orden y el incumplimiento. Debe existir una proximidad temporal y física entre la orden emitida y el incumplimiento. De no ser así, se pierde el elemento de desprecio a la autoridad que fundamenta el delito.
¿Son delito las faltas de respeto?
El artículo 556.2 del Código Penal contempla un subtipo específico: las faltas de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Aunque no se trata de una resistencia activa, sí se consideran penalmente relevantes cuando suponen un menosprecio a la función pública que desempeñan los agentes de la autoridad. Constituyen un delito leve.
¿Con qué pena se castiga el delito de desobediencia a la autoridad?
Las penas para el delito de desobediencia a la autoridad varían según la gravedad y el tipo de conducta, y son las siguientes:
- Desobediencia grave. Esta conducta, contemplada en el artículo 556.1 del Código Penal, se castiga con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
- Faltas de respeto y consideración. El subtipo específico del artículo 556.2 se castiga con pena de multa de 1 a 3 meses, por lo que se considera un delito leve.
¿Cuándo se considera infracción administrativa la desobediencia a la autoridad?
El incumplimiento de una orden de la autoridad puede ser una infracción administrativa si no se cumplen los requisitos para ser considerado delito. Por ejemplo, si el acto de desobediencia no se puede entender como grave o si no ha existido una orden directa e individualizada dirigida al incumplidor.
La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, contempla como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no son constitutivas de delito, reconociendo expresamente su carácter y aplicación residual.
No obstante, la línea que separa el delito grave de la infracción leve puede ser difusa, y cada caso se debe analizar individualmente.
¿En qué consiste el delito de desobediencia de funcionario público?
El delito de desobediencia de funcionario público es un tipo especial de delito de desobediencia, regulado en el artículo 410 del Código Penal. Lo comete la autoridad o funcionario público que se niega abiertamente a cumplir una resolución judicial, decisión u orden de una autoridad superior.
La orden debe ser legítima y dictada dentro de las competencias de la autoridad superior, por lo que no hay responsabilidad penal si la orden incumple un precepto legal.
La pena para este delito es de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. En el caso de desobediencia reiterada a la misma orden, la pena es de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 1 a 3 años.
¿Qué se entiende por funcionario público o autoridad?
A efectos penales, el artículo 24 del Código Penal aclara qué se entiende por autoridad o funcionario público:
- Autoridad: es quien tiene mando o jurisdicción propia, ya sea por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado. Esto incluye a los miembros del Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el Parlamento Europeo, el Ministerio Fiscal y los fiscales de la Fiscalía Europea.
- Funcionario público: es toda persona que participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de una autoridad competente.
¿En qué consiste el delito de negativa a someterse a pruebas de alcoholemia?
El artículo 383 del Código Penal recoge una forma específica de desobediencia: la negativa de un conductor a someterse a pruebas de detección de alcohol o drogas tras ser requerido para ello por un agente, lo que implica un acto de desobediencia a la autoridad.
Este delito se castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de 1 a 4 años.
Socio fundador de Dexia Abogados, abogado especialista en derecho penal y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiado número 91.186).
Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Derecho Penal y Turno de Oficio, Máster en Derecho Penal Económico Internacional y curso de especialista en Compliance Penal.