El delito de coacciones cometido por el arrendador

El delito de coacciones cometido por el arrendador

En ocasiones, cuando un contrato de arrendamiento empieza a generar problemas y el arrendador y el inquilino no se ponen de acuerdo, el propietario puede caer en la tentación de tomarse la justicia por su mano, lo que puede derivar en la comisión de un delito.

El Código Penal contempla dos delitos distintos que pretenden proteger el legítimo disfrute de la vivienda, y uno de ellos es el delito de coacciones. 

En este artículo vamos a analizar las situaciones que pueden dar lugar a este delito.

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¿En qué consiste el delito de coacciones?

El delito de coacciones está regulado en el artículo 172 del Código Penal, dentro del título VI, dedicado a los delitos contra la libertad, del libro II. El tipo básico del delito de coacciones se encuentra en el primer apartado del artículo.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

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Artículo 172 del Código Penal

Las coacciones ejercidas por el arrendador están contempladas en el párrafo tercero del mismo apartado, que contempla una circunstancia agravante para el caso de que la coacción tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda, que es un derecho fundamental que recibe especial protección del ordenamiento jurídico. La pena en este caso es de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años. Se trata, por tanto, de un delito menos grave.

La conducta punible consiste en usar la violencia para impedir a otro disfrutar de la vivienda de la que tiene la legítima posesión. Según establece el artículo, no hay delito de coacciones si no hay uso de violencia.

Lo más frecuente es que el delito de coacciones se perpetre en su modalidad de delito leve, prevista y penada en el artículo 172.3 del Código Penal. En este caso, solo será perseguible mediante denuncia del agraviado, por lo que, si el inquilino no interpone una denuncia, puede quedar impune.

El delito de coacciones es un delito de resultado en su tipo básico, ya que se comete cuando se produce un resultado: impedir a otro hacer lo que la ley no le impide u obligarle a hacer lo que no quiere.

La finalidad de esta agravante es castigar las acciones ejercidas por cualquier persona (habitualmente, será el propietario o arrendador) de una vivienda que quiere provocar que el inquilino u ocupante la abandone, y que se materializan en actos como cortar los suministros, cambiar la cerradura y otros similares. 

A veces, el propietario cree tener derecho a forzar a un inquilino que no paga, o que no cumple, a abandonar la vivienda, y piensa que puede entrar en el inmueble de su propiedad, sin reparar en que no es lo mismo tener la propiedad que la posesión, y que la ley protege tanto una como otra.

¿Por qué es un delito coaccionar a un inquilino que no paga para que abandone la vivienda?

El arrendador puede ser el propietario del inmueble, pero no es el poseedor, y la persona que se encuentra ocupando la casa en ese momento es el inquilino, cuya posesión está protegida por la ley. 

Cualquier acto dirigido a acosar al inquilino y a forzarlo a abandonar la vivienda, empleando la violencia (en personas o en cosas) se considera delito de coacciones, y puede acabar con una condena privativa de libertad.

Existen otros mecanismos para hacer valer el propio derecho y expulsar a un inquilino que incumple sus obligaciones.

Para solucionar estos casos, la legislación civil pone a disposición del arrendador la acción de desahucio, por la que el propietario puede pedir el reconocimiento de sus derechos y el desalojo del inmueble, aunque sea por la fuerza.

¿Las coacciones cometidas por el arrendador son lo mismo que el acoso inmobiliario?

El delito de coacciones no es el único en el que puede incurrir el arrendador, si decide hostigar al inquilino con actos de violencia.

El Código Penal contempla además el delito de acoso inmobiliario en el artículo 173.1, cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral, aunque de forma muy discutida.

La pena prevista para este delito es prisión de 6 meses a 2 años, por tanto una pena menor a la que corresponde en caso de apreciarse un delito de coacciones con agravante de acoso inmobiliario. 

La diferencia es que, para entender que estamos ante un delito de coacciones, tiene que haber uso de la violencia, mientras que, para el delito de acoso inmobiliario, la conducta que se castiga consiste en llevar a cabo de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

En ambos casos, se trata de proteger el legítimo disfrute de la vivienda, aunque en este segundo se haya encuadrado el delito dentro de los que protegen la integridad moral, pero la principal diferencia entre ambas conductas punibles está en la intensidad o gravedad de los actos realizados con el fin de impedir que la otra persona viva pacíficamente en el inmueble.

Conclusión

No importa que el arrendador piense que le ampara su derecho de propiedad: en ningún caso puede realizar actos que violenten el disfrute de la vivienda por parte de su inquilino, ya que puede incurrir en un delito de coacciones agravado, o bien, si su conducta consiste en un hostigamiento continuado, en un delito de acoso inmobiliario. Una sentencia condenatoria implicará antecedentes penales para el reo, con todos los inconvenientes que conllevan.

Para defender los derechos del arrendador, la ley prevé la acción de desahucio, que se lleva a cabo por vía civil, y que, si se demuestra la falta de cumplimiento por parte del inquilino, acabará con su expulsión de la vivienda.

Si está siendo investigado por un delito de coacciones o acoso, o ha sido víctima del mismo, póngase en contacto con Dexia Abogados, un Despacho especializado en Derecho Penal, para asesorarle en su defensa.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Abogada especialista en derecho penal y criminóloga. Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2020) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense (2021/2022).

Desde agosto de 2022 forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 137.078).

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