El delito de abandono de familia en el Código Penal

El delito de abandono de familia en el Código Penal

La patria potestad y las relaciones familiares llevan aparejados una serie de deberes, tanto económicos como asistenciales, que no se pueden desatender, so pena de incurrir en un delito de abandono de familia. 

Aunque nuestro ordenamiento jurídico intenta interferir lo menos posible en las relaciones familiares, regula algunos aspectos que buscan evitar el desamparo de los miembros de la familia y garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas impuestas por resoluciones judiciales. 

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¿En qué consiste el delito de abandono de familia?

De acuerdo con el artículo 226 del Código Penal, el delito de abandono de familia es el cometido por quien deja de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados.  

También se considera abandono de familia el hecho de dejar de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos las prestaciones económicas aprobadas judicialmente en concepto de pensión compensatoria a favor del excónyuge o de pensión de alimentos a favor de los hijos en las condiciones establecidas por el artículo 227.

Este delito contra las relaciones familiares, por tanto, es un delito de omisión, ya que lo que se castiga es una actitud consistente en dejar de hacer, en este caso, dejar de cumplir con una obligación. También es un delito semipúblico, que solo se puede perseguir mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (artículo 228).

¿Cuáles son los requisitos para que exista delito de abandono de familia?

El Código Penal no aclara cuáles son las obligaciones cuya desatención constituyen el delito de abandono de familia, por lo que hay que acudir a otros cuerpos legales para definirlas.

En primer lugar, la Constitución Española, en el artículo 39, cuando trata sobre los principios rectores de la política social y económica, contempla la protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39.1), así como la protección integral de los hijos (artículo 39.2).

Es el Código Civil la norma jurídica que concreta los deberes que tienen los miembros de la familia entre sí, y en relación con los hijos, los deberes que configuran el ejercicio de la patria potestad.

Así, en cuanto a la patria potestad, el artículo 154 del Código Civil, establece los siguientes deberes con respecto a los hijos menores de edad, que son, fundamentalmente:

  • Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
  • Representarlos y administrar sus bienes.

Por otro lado, el artículo 142 establece la obligación recíproca que tienen los miembros de la familia, concretamente los cónyuges, los ascendientes y los descendientes entre sí, de prestarse alimentos, esto es, de procurarse todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, y educación e instrucción de los hijos cuando son menores de edad o incluso mayores, si no han terminado su formación por causa que no les sea imputable.

Además, también se incluye en esta obligación de asistencia entre los miembros de la familia la de ocuparse de los gastos de embarazo y parto, si no están cubiertos de otro modo.

Por tanto, estos dos artículos del Código Civil son los que sirven de base para definir el tipo delictivo, de modo que el incumplimiento de los deberes mencionados en ambos hacen incurrir al incumplidor en un delito de abandono de familia del artículo 226.

En cuanto al delito contemplado en el artículo 227, lo que se protege realmente es el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de familia, concretamente de las que aprueban la pensión compensatoria a favor del otro miembro de la pareja o la pensión alimenticia que se debe pagar a los hijos.

El artículo 227 no está velando exactamente por el sustento de la familia, ya que eso ya lo hace el artículo 226 de manera general y a favor de todos sus miembros, convirtiendo en delito la falta de asistencia de unos con respecto a otros cuando se hallan necesitados, tal y como dice el propio artículo.

Sin embargo, en el artículo 227 no se entra a valorar si existe una necesidad real, sino que se castiga el incumplimiento de la obligación de pagar la pensión aprobada judicialmente.

Además, aunque el artículo 227 no lo exige, se castiga el incumplimiento cuando es intencionado y no justificado, tal y como ha venido apreciando la jurisprudencia.

¿Cómo se castiga el delito de abandono de familia en el Código Penal?

El delito de abandono de familia recibe una pena distinta según de qué tipo delictivo se trate:

¿Cuál es la pena por incumplimiento de deberes de asistencia?

El artículo 226 castiga el incumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, y el incumplimiento de los deberes de asistencia de los familiares necesitados (descendientes, ascendientes o cónyuge) con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. 

Se trata, por tanto de un delito menos grave y también de un delito especial, ya que solo puede ser cometido por las personas que reúnen la condición de ascendiente, descendiente o cónyuge, y contra las mismas personas.

Además, este delito puede llevar aparejada la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por un tiempo de 4 a 10 años.

¿Cuál es la pena por incumplimiento del pago de pensiones?

Por su parte, el artículo 227 castiga con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses el incumplimiento, durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos, de la obligación de pagar las pensiones económicas que en materia de alimentos se hayan aprobado judicialmente, a raíz de un proceso de nulidad, separación legal, divorcio, filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos.

Recibe la misma pena el incumplimiento de cualquier otra prestación económica establecida de manera conjunta o única en los mismos tipos de procesos.

También se trata aquí de un delito especial, ya que solo puede ser cometido por y contra las personas que cumplen las características descritas.

Además de la pena impuesta en este segundo caso, se impondrá la obligación de reparar el daño, consistente en pagar las cuantías adeudadas.

¿Cualquier incumplimiento de los deberes familiares constituye delito de abandono de familia?

Es interesante puntualizar que muchas de estas situaciones encuentran también solución por medio de la vía civil, menos drástica que la penal. Por eso, ante cualquier incumplimiento o desatención de los deberes familiares, o del deber de asistencia entre parientes que impone el ordenamiento, conviene acudir a los cauces que establece la legislación civil, dejando la vía penal para los casos más graves y reincidentes. 

Por ejemplo, en caso de imposibilidad de cumplir con la obligación de pagar la pensión alimenticia o la compensatoria, resulta de vital importancia acudir a un procedimiento de modificación de medidas definitivas previsto en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello servirá para acreditar la buena fe en caso de ser denunciado en vía penal.

Isabel Moral Zamorano
Isabel Moral Zamorano

Abogada especialista en derecho penal y criminóloga. Graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2020) y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense (2021/2022).

Desde agosto de 2022 forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiada número 137.078).

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