Las costas procesales en el procedimiento penal

Las costas procesales en el procedimiento penal

Las costas procesales, también llamadas costas judiciales, son los gastos que se derivan de un proceso judicial. ¿Pero qué tienen en particular las costas procesales del procedimiento penal?

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¿Qué son las costas procesales?

Las costas procesales son los gastos que deben abonar las partes de un proceso. Estos gastos son imprescindibles y se derivan de forma directa e inmediata de un proceso como consecuencia de la realización de determinados actos procesales.

Las costas procesales incluyen diferentes conceptos. Por ejemplo, los honorarios de los abogados y del perito, los derechos del procurador o el pago al notario.

El tribunal que tramita el caso es el responsable de pronunciarse sobre las costas procesales al dictar la sentencia.

¿Cómo son las costas procesales en el proceso penal?

Las costas procesales en el procedimiento penal están reguladas en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La regla general es que las sentencias que finalicen una causa deben resolver sobre el pago de las costas procesales.

En los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.

Artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Al igual que en la condena en costas en los juicios por delitos leves, la resolución puede establecer tres resultados. Son los siguientes:

  • Declarar las costas de oficio.
  • Condenar al pago de las costas a los procesados, señalando la parte proporcional de cada uno, si hay varios. No obstante, no se pueden imponer las costas a los procesados absueltos.
  • Condenar al pago de las costas al querellante particular o actor civil cuando haya obrado con temeridad o mala fe.

Esta resolución podrá consistir:

1.º En declarar las costas de oficio.
2.º En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.
No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

3.º En condenar a su pago al querellante particular o actor civil.
Serán éstos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.

Artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Las costas del procedimiento penal pueden incluir diversas partidas recogidas en el artículo 241. Son las siguientes:

  • Reintegro del papel sellado empleado en la causa.
  • Pago de los derechos de arancel.
  • Honorarios devengados por los abogados y peritos.
  • Indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hayan reclamado y otros gastos que se hayan ocasionado en la instrucción de la causa.

Las costas consistirán:

1.º En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
2.º En el pago de los derechos de Arancel.
3.º En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos.
4.º En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubieren ocasionado en la instrucción de la causa.

Artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La tasación de costas procesales en el proceso penal

Por otro lado, el artículo 242 regula la tasación de costas. Si se declaran de oficio, no se pagarán las cantidades correspondientes al reintegro del papel sellado empleado en la causa y los derechos de arancel. En cuanto al resto de costas, se regulan de la siguiente manera:

  • Los honorarios de abogados, procuradores, peritos y otros profesionales se acreditan por minutas firmadas.
  • Las indemnizaciones de los testigos se calculan según la cantidad fijada en la causa.
  • Los demás gastos se regulan por el Letrado de la Administración de Justicia según los justificantes aportados.

Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se refiere los números 1 y 2 del artículo anterior.

Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las partes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla, si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas reclamaciones y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el Letrado de la Administración de Justicia señale, ni tacharen aquéllas de indebidas o excesivas. En este último caso se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Letrado de la Administración de Justicia que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la tasación de las costas de que habla el número 1 y 2 del artículo anterior. Los honorarios de los Abogados y Peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el Letrado de la Administración de Justicia, con vista de los justificantes.

Artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Tras la tasación de costas, el juzgado da traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen conveniente en el plazo de tres días. Si no se impugnan las costas, se procede con arreglo a lo dispuesto en los artículos 245 y 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si se aprueban o reforman la tasación y regulación, se harán efectivas las costas por la vía de apremio de los artículos 571 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, o tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas de honorarios, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas por la vía de apremio establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los bienes de los que hubiesen sido condenados a su pago.

Artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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